Los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 dejaron a millones de personas sin hogar, pues hubo quienes perdieron todo su patrimonio, y aunque la promesa del entonces presidente Enrique Peña Nieto era otorgar una tarjeta con hasta 120 mil pesos para reconstruir las casas, ese dinero nunca llegó. Tras más de un año de auditorías, el 1 febrero de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que los padrones de damnificados de los sismos de 2017 en ocho entidades federativas fueron un desastre.
Las actas de cierre, en las que se plasmarían las evaluaciones de los daños, estuvieron llenas de incongruencias, y nunca coincidieron con las bases de datos definitivas que se usaron para la dispersión de los recursos por parte de Bansefi.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de Rosario Robles esfumó 7 mil 567 millones de pesos del FONDEN para la reconstrucción de viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.Este faltante millonario fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017.
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La Silla Rota consultó la auditoria 2019-0-15100-07-0188-2020 dirigida a Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual menciona que en 2019 la dependencia presentó deficiencias estratégicas y operativas, lo que no permite comprobar que se ejercieron los recursos.
“El desempeño de la Sedatu presentó deficiencias estratégicas y operativas como instancia coordinadora, lo que implicó que no acreditará la evidencia que posibilitara tener la certeza de la atención de los 37,218 bienes identificados como afectados, ni de su avance físico y financiero y, por tanto, garantizar que la aplicación de los recursos económicos asignados al programa de reconstrucción se administraran cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y economía”, menciona el informe.
La ASF detectó las irregularidades, tanto en el proceso de recabar y procesar información de los damnificados, así como en la distribución de los recursos millonarios que tuvo la dependencia mientras Robles Berlanga era su titular.
Incluso, la Auditoría señala graves anomalías en el censo y padrón que se levantó en ese momento para repartir las tarjetas bancarias, en las que serían depositados los recursos a los damnificados de ocho estados.
En estas irregularidades también estuvo involucrado Bansefi, entidad bancaria encargada de la dispersión de los plásticos y de los recursos que se depositarían para los damnificados por los sismos. La Sedatu proporcionó a Bansefi una versión del Censo y Padrón que contenía la cantidad total de 8 mil 922 millones de pesos, pero al final Bansefi presentó otras cifras, lo que hace que la información proporcionada a la ASF fuera inconsistente.
De esta forma, se comprobó que al revisar a detalle los acuerdos de las reuniones de trabajo celebradas para atender a la población afectada, se observó que “en los tres niveles de gobierno no existe el personal capacitado, ni las brigadas necesarias para llevar a cabo este tipo de actividades, como la evaluación de daños y el levantamiento del censo y padrón”, es decir, se hizo un trabajo poco profesional.
Por ejemplo, para el Estado de México, la Sedatu sólo proporcionó información de 35 personas que participaron en la evaluación de daños y revisión de las actas; ahí se identificaron incongruencias y falta de supervisión en el llenado de las mismas.
Además, los datos plasmados en éstas no coinciden con las bases de datos publicadas como definitivas en la página web de la Sedatu, ni con las bases de datos proporcionadas a Bansefi para la dispersión del recurso mediante las tarjetas de débito del FONDEN.
Las observaciones también forman parte de las denuncias que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando como seguimiento al proceso de reconstrucción; sin embargo, en 2021, la ASF determinó que no existe evidencia de que la Sedatu ejerció en el primer año de gobierno de AMLO, 368 millones de pesos para la reconstrucción o rehabilitación de 37 mil 218 viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por lo que solicitó a la institución modificar su programa para transparentar a que estados y habitantes se ha otorgado la “ayuda”.
Desvío de dinero y corrupción en el sexenio de EPN
Las investigaciones por convenios o contratos a través de los cuales iniciaron desvíos a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano y Territorial, según las auditorías de la Secretaría de la Función Pública, se afectaron cuando Jorge Carlos Ramírez Marín, Jesús Murillo Karam y Rosario Robles estuvieron al frente de la dependencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la auditoría 07/2019 realizada por la Secretaría de la Función Pública se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas, el desvío de 10 millones 67 mil 943 pesos a través de convenios con universidades públicas y privadas entre los años 2013 y 2017.
Las investigaciones de la ASF indican que el periodo de desvíos incluye las gestiones de Jorge Carlos Ramírez Marín, actual senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Murillo Karam, también ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR), y Rosario Robles Berlanga, hoy en prisión preventiva.