Ante la falta de votos necesarios para ratificar a la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México en su cargo, Ernestina Godoy, los trabajos para elaborar el dictamen que se presentará ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México van atrasados y la responsabilidad es de Morena, acusó el diputado Aníbal Cañez, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La noche de este miércoles, el Congreso de la CDMX acordó que la fiscal comparezca el próximo martes 21 de noviembre vía remota.
Entrevistado por La Silla Rota, el legislador enfatizó que desde que el jefe de Gobierno, Martí Batres, avaló la ratificación de la fiscal, el pasado 26 de octubre, el proceso iba conforme a lo programado. Después, se turnó a la comisión de Administración y Procuración de Justicia y a partir de que se recibió había cinco días hábiles para convocar al órgano legislativo a definir el formato de comparecencia de Godoy. El plazo vencía el 10 de noviembre.
Aunque el presidente de la comisión, el morenista Octavio Rivero había convocado a los integrantes para discutir el tema, después canceló la sesión. Entonces hasta este 14 de noviembre no se había aprobado el formato.
Te podría interesar
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
“Estamos a 14 y apenas vamos a aprobar un formato que de acuerdo con la información que nos han hecho llegar, están proponiendo que la fiscal comparezca por vía zoom el 21 de noviembre, o sea ya iríamos 11 días retrasados. Ahora la sesión para aprobar el dictamen de ratificación debe ser al siguiente día de la entrevista, es decir el 11 ó 12, quitando días inhábiles nos vamos al 13”, explicó Cañez.
“Ya vamos retrasados en este proceso, cuando si hubiéramos seguido los términos de la ley orgánica la discusión del Pleno debería ser esta semana, pero a como están planteando los tiempos y si se aprueba el formato, pues estaríamos viéndonos hasta la última semana demes. Esto es parte del desaseo en el cual el presidente de la comisión, Octavio Rivero ha manejado este procedimiento de ratificación y no atendiendo a lo que establece la ley, sino los tiempos políticos de Morena”, criticó el legislador.
También sobrevuela el fantasma de que sea hasta el próximo año cuando se vote el dictamen, pese a que según la ley el periodo de Godoy concluye el 14 de enero de 2024, pero si en esa fecha no se ha votado su ratificación, ella seguirá en el cargo, pronosticó el panista.
De acuerdo con el diputado, los retrasos se deben a que la mayoría morenista en el Congreso es la que ha tomado las decisiones y a que a Morena y sus aliados no les alcanzan sus votos para obtener la mayoría calificada, ya que sólo tienen 38 votos y requieren 44.
Aunque este 14 de noviembre el ex coordinador de la disminuida bancada del PRD, Víctor Hugo Lobo renunció al partido, sólo sería un voto más y faltarían cinco más. Pero a ello debe agregarse las presiones que la Fiscalía está ejerciendo con las posibles órdenes de aprehensión que giraría contra los diputados Luisa Gutiérrez Ureña y Ricardo Rubio, por su presunta participación en la trama del llamado Cártel Inmobiliario.
“Nos vamos a mantener unidos y sobre todo llevando a cabo lo que hemos manifestado públicamente que no vamos a permitir que la fiscal continúa en el cargo”, advirtió Cáñez.
La Silla Rota buscó a dos diputados más de la comisión, los priístas Ernesto Alarcón y Silvia Sánchez Barrios, e incluso llamó al asistente del diputado Octavio Rivero, pero no hubo respuesta. Rivero programó una conferencia de prensa pero la canceló.
La noche de este miércoles, el Congreso de la CDMX acordó que la fiscal comparezca el 21 de noviembre, vía remota, a las 18:00 horas, con lo que se avanzaría en la posible ratificación de Ernestina Godoy al frente de la fiscalía capitalina.
LOS ESCÁNDALOS DE GODOY
El 8 de noviembre el PRI anunció la intención de votar en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Ese día la propia fiscal revivió el tema del cartel inmobiliario -en el que básicamente se involucra a exfuncionarios y funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, entre ellos el alcalde Santiago Taboada- lo que fue leído como su reacción a que precisamente los panistas son los principales opositores a su ratificación.
Pero ese mismo día el prestigiado diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje sobre el presunto espionaje hecho por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra opositores, entre ellos Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez y aspirante a la candidatura a jefe de Gobierno del Frente Amplio de la Ciudad de México.
TAMBIÉN LEE: Políticos y funcionarios, blanco de vigilancia en México
Otros opositores presuntamente víctimas del espionaje por parte de la fiscalía encabezada por Godoy son la senadora del PAN, Lilly Téllez, la ex legisladora capitalina Alessandra Rojo de la Vega e incluso la fiscalía requirió datos telefónicos de la magistrada de Circuito, Dolores Igareda, y del integrante de la Judicatura de la Ciudad de México, Ricardo Amezcua.
De acuerdo con el reportaje, el presunto aparato de espionaje es también utilizado en contra de personajes del partido de la fiscal, como es el caso del senador Higinio Martínez Miranda y el ex encargado de las aduanas, Horacio Duarte.
Además, La Silla Rota documentó que en la Plataforma Nacional de Transparencia se tienen registrados contratos desde 2019, cuando inició Godoy su gestión como fiscal, de compra de equipo para espiar y obtener información de equipos de comunicación a través de una compañía israelí y chipriota, relacionada con el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
TAMBIÉN LEE: Ernestina Godoy acumula escándalos y se tambalea para fiscalía
Uno de esos contratos es con la empresa Pixkitex por 84 millones 482 mil 400.23 pesos y se llevó a cabo para contratar dos sistemas de radiolocalización.
Un segundo contrato es con la empresa Karsos por 5 millones 389 mil 999.4 pesos. Un tercer contrato es con Alejandro Karchmer Gittler por 9 millones 500 pesos para la actualización de un sistema llamado Mabit Intercaptación de aplicaciones y en la nube IOS, Android y otros sistemas operativos.
Pero además, a lo largo de su gestión, la fiscal Godoy ha sido cuestionada por las investigaciones para deslindar responsabilidades por el accidente del Metro del 3 de mayo de 2021 en el que una trabe del tramo entre las estaciones San Lorenzo y Olivos de la Línea 12 se desplomó y causó la muerte de 27 personas y dejó un centenar de heridas, además de detener el servicio en la llamada Línea Dorada durante año y medio.
La bancada del PAN en el Congreso capitalino es la que ha acusado a Godoy de no investigar a quien entonces era la directora del Metro, Florencia Serranía, por su responsabilidad en lo que han llamado la falta de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro.