El 20 de octubre de 1975 ocurrió un choque de trenes en la estación Viaducto de la Línea 2. El número 08 se estampó contra el 10. El saldo: 26 muertos y 69 heridos, en lo que se convirtió en esa época en el mayor accidente del STC Metro.
El conductor del tren que impactó al de adelante fue encontrado culpable del accidente en un proceso que duró cinco días. Fue sentenciado a 14 años de prisión, recuerda el artículo A 45 años de la tragedia del Metro Viaducto o una breve historia del transporte en la Ciudad de México, de Jesús Francisco Conde de Arriaga y aparecido en la revista Tierra Adentro.
Así como las recientes fallas y accidentes ocurridas en el Metro –como el choque de trenes en la Línea 3 o el desprendimiento de un vagón en la 7– se sospecha son producto de sabotaje, en 1975 se habló de lo mismo.
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Era una versión alterna a la oficial, en la que se decía que había sido algo premeditado para que las autoridades prestaran atención en el desarrollo y mantenimiento del Metro.
El Sindicato del Metro estaba al tanto de esa versión, refiere el artículo. “Un año después del accidente se instauró el pilotaje automático que, dicen, era lo que se buscaba”, continúa el texto.
Fue un caso sobre los que los documentos al respecto escasean, incluso en el Archivo General de la Nación (AGN), se afirma.
Sabotaje según la RAE
De acuerdo con la definición de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), "sabotaje" es el daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etcétera, como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos.
Una segunda definición de la RAE, el sabotaje "es la oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas".
El término ha saltado a la discusión pública, a las hojas de periódicos y pantallas de noticias recientemente, luego de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pidió al gobierno federal el despliegue de 6 mil 60 elementos de la Guardia Nacional en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por hechos atípicos, o como explicó el domingo 15 de enero, para evitar “actos malintencionados” en un sistema que de por sí ya presentaba fallas desde hace mucho tiempo.
Fallas, que en caso de comprobarse que son actos malintencionados, se trata de ataques de los que no se ha explicado si los cometió algún particular o un grupo.
Otros sabotajes
Además de los presuntos ataques al Metro, ha habido otros ocurridos en instalaciones federales años atrás, que grupos guerrilleros se han atribuido y que se podrían considerar como sabotaje real.
Era la madrugada del 5 de julio de 2007 entre la una y dos de la mañana, cuando las válvulas del gasoducto Guanajuato-Guadalajara estallaron. El siniestro ocasionó el desalojo de 5 mil personas de distintas comunidades de varios municipios de Guanajuato, afectó a 350 empresas y a las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes y León.
La explosión no fue la única que ocurrió en esos primeros meses del gobierno de Felipe Calderón. También hubo explosiones en ductos de Pemex en Valle de Santiago, Salamanca y Celaya, en la misma entidad. A ello se sumó uno en los ductos cercanos a la Presa de Bravo, y por la carretera Querétaro-Coroneo, ambos en Querétaro.
Los sabotajes se los atribuyó el 10 de julio el Ejército Popular Revolucionario, en un comunicado dado a conocer a la opinión pública.
“Tres pelotones mixtos conformados por unidades urbanas y rurales pertenecientes al destacamento Francisco Javier Mina, y contando con el apoyo de milicias populares de todo el estado, han realizado acciones quirúrgicas de hostigamiento poniendo ocho cargas explosivas en los ductos de Pemex ubicados en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago, Guanajuato, y en la válvula de seccionamiento de Coroneo (Querétaro), activadas simultáneamente a la una de la mañanas de los días 5 y 10 de julio” informó el EPR.
Además, el grupo subversivo explicó las razones de dichos ataques y lo que pedían para dejar de hacerlos.
“A nuestro pueblo le informamos que las acciones de hostigamiento no pararán hasta que el gobierno de Felipe Calderón y el de Ulises Ruiz presenten con vida a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca".
“A nuestro comité central y a la comandancia general informamos que todas las unidades que dependen de esta jefatura siguen concentradas en su puesto de combate y están en máxima alerta dispuestas a esperar órdenes. ¡Esperamos órdenes!”.
Los anteriores sucesos forman parte de los sabotajes que han sufrido instalaciones manejadas por algún nivel del gobierno federal y de los que se sabe su autoría.
Ese mismo año, 2007, se registraron otros ataques, tal como había advertido el EPR.
Ocurrieron en Veracruz y Tlaxcala el 10 de septiembre en gasoductos de Pemex donde se produjeron explosiones. Su impacto fue tal que debieron ser evacuadas 15 mil personas de varias comunidades y la falta de gas natural afectó a más de mil empresas, que fueron paralizadas parcial o totalmente por el desabasto.
Los problemas de falta de gas se extendieron al Distrito Federal, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco.
Un día después, el EPR se adjudicó los ataques.
Años antes, otro grupo guerrillero, El Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo estallar un coche bomba en el estacionamiento de Plaza Universidad –a una cuadra del Metro Zapata, de la Línea 3–. También se registró un estallido explosivo en Acapulco. El hecho ocurrió el 7 de enero de 1994, seis días después de la insurrección zapatista que se convirtió en una pesadilla para el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con la página Chiapas 1, un día después ocurrieron explosiones en Naucalpan y Cuautitlán, ambos municipios mexiquenses. En el caso de la primera, ocurrió a unos metros de la puerta 7 del temible Campo Militar, a donde iban a dar los guerrilleros atrapados durante la Guerra Sucia y de los cuales muchas veces ya no se sabía nada.
Este mismo día el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo, el Procup, reivindicó el coche bomba en Plaza Universidad y en Acapulco.
El EZLN negó ser el autor de los derribos de instalaciones eléctricas de dos torres en Michoacán y Puebla, ocurridos el 6 de enero de ese año.
La tragedia de Saltillo
El 6 de octubre de 1972 se produjo un descarrilamiento de un tren en Puente Moreno, a unos kilómetros de Saltillo que dejó 234 muertos y mil 200 heridos. Se trata de la peor tragedia ferroviaria en México.
El gerente de Ferrocarriles Nacionales, Víctor Manuel Villaseñor renunció debido al accidente pero un extracto de su libro Memorias de un hombre de izquierda –a su vez aparecido en el libro El trenazo de Puente Moreno– expresó su convicción de que se trataba de un sabotaje.
La versión oficial era que la tragedia se debió a que los conductores del tren estaban bajo los efectos del alcohol. Pero un examen mostró otra cosa. Incluso Villaseñor dio una conferencia de prensa para informar al respecto. Después se entrevistó con el procurador estatal, quien para su sorpresa, le mostró resultados de un examen donde se asentaba que en la sangre del maquinista había 75 miligramos de alcohol en 100 mililitros de sangre y en la de un garrotero 70 miligramos.
A ello se sumó lo que calificó de “virulenta ofensiva” en contra suya del secretario general de la sección 24 del sindicato, Jesús Páez Blanco, quien aseguró que el equipo era deficiente y las locomotoras del convoy carecían de freno dinámico.
Otro ataque provino del jefe de despachadores en la división del Golfo, Carlos Navarro Barrón, quien llamó inepta a la administración y pidió despedirlo.
Los tripulantes declararon ante medios que, si habían bebido, eso debían probarlo las autoridades, pero que incluso si eso hubiera pasado, eso no era concluyente para que sucediera la tragedia.
También circuló otra versión: que el ayudante del superintendente, Santiago Limón Borrego, quien estaba a cargo de la vigilancia de la operación del tren donde viajaban peregrinos que venían de Real de Catorce, había proporcionado botellas de tequila a la tripulación, y se había bajado una estación antes de Puente Moreno, pese a que era deber suyo continuar el viaje.
En los periódicos comenzó a hacerse eco la hipótesis del sabotaje, a causa de grupos molestos por la política de saneamiento administrativo del gerente.
Villaseñor incluso se entrevistó con el entonces presidente Luis Echeverría, a quien le presentó su renuncia para no causar problemas en su administración, pero el mandatario le mostró su confianza y le pidió continuar en el cargo.
Posteriormente, pudo conocer un dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que mostraba que la catástrofe fue provocada.
“El crimen de Saltillo fue la culminación de la serie de ‘percances’ iniciados con el choque en la estación Villaseñor el 3 de diciembre de 1970, y de entre los cuales se destacaron la destrucción de ocho locomotoras en el acto de indiscutible sabotaje ocurrido en la terminal del Valle de México el 29 de ese mismo mes, la tragedia en Jiménez, y otros accidentes de gran magnitud que con inusitada frecuencia acaecieron en el lapso de mi gestión”, escribió el exgerente.
Otro hecho que destacó Villaseñor fue que a las pocas semanas de la llegada de su sucesor, fueron ascendidos a superintendente Limón Borrego y Navarro Barrón.