El sismo del 19 de septiembre de 2017 no solo ha dejado huella en los deudos de quienes perdieron la vida, sino que ha impactado en expedientes judiciales que se mantienen abiertos: colapso de la Línea 12 del Metro, derrumbe del colegio Rébsamen y desvío de millones de pesos para la reconstrucción.
La defensa de exfuncionarios de la administración de Marcelo Ebrard sigue firme en su teoría de que “la caída de un tramo de la L12 se hubiera evitado si el gobierno de Claudia Sheinbaum no hubiera ignorado los daños que ocasionó el temblor de 2017, en la infraestructura de este sistema de transporte colectivo”.
El penalista Gabriel Regino comentó a La Silla Rota que buscan imputar a Florencia Serranía, exdirectora del Metro, así como al secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva, por el delito de homicidio culposo.
Lo mismo en contra del actual senador y exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el legislador, así como exdirector del Metro, Jorge Gaviño Ambriz, por el mismo delito; en este caso, debido a que consideró que la administración mancerista “dejó u omitió reforzar el tramo Tezonco-Olivos del Metro”.
Además, el sismo provocó daños en trabe y columna del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Nopalera, según dio a conocer horas después del temblor el ex[N1] subgerente de Proyectos-STC Metro, Manuel Fernando Galindo.
Mientras que en la gestión de Serranía y Esteva, el abogado Gabriel Regino aseguró que también hubo una serie de fallas y omisiones respecto a mantenimiento e inspección en esa zona de la L12, lo que contribuyó al desplome.
Sostuvo que esto lo confirmó la empresa noruega DNV -contratada por el actual gobierno de Ciudad de México para realizar un peritaje independiente-, lo que ya no gustó en la administración capitalina.
“No hemos quitado el dedo del renglón, vamos a demostrar científicamente que con motivo de los sismos de 2017 hubo una gran afectación a esa parte de la obra (tramo colapsado de Línea 12), que autoridades sabían y no hicieron nada para evitar la tragedia.
“No a la corrupción, no al encubrimiento de Florencia Serranía, tenemos la oportunidad de aportar pruebas para demostrar la falsedad con la que se está conduciendo la fiscalía de Ciudad de México, al eliminar como líneas de investigación la falta de inspección y de mantenimiento, las cuales son las verdaderas causas, no fallas en el diseño y de construcción de la obra que quiere atribuir la fiscalía como causales del desplome”.
Regino es el abogado del exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y de otros exfuncionarios, vinculados a proceso por los cargos que les imputó la fiscalía capitalina por supuesto homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos.
El sismo del 19 de septiembre provocó el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos. A la fecha, no hay un solo exservidor público en la cárcel por esta tragedia.
De acuerdo con peritajes, el colapso fue ocasionado por la construcción irregular de una vivienda encima de la escuela.
Padres de familia han señalado que no se ha hecho justicia en este caso, que consideran que no hubiera ocurrido sin la complicidad de autoridades de la alcaldía Tlalpan, entonces gobernada por Claudia Sheinbaum.
En la actualidad han sido sentenciadas Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, dueña y directora del plantel, así como Juan Apolinar Torales y Juan Mario Velarde, Directores Responsables de Obra (DRO).
La fiscalía considera prófugo a Francisco Arturo Pérez Rodríguez, también DRO, por quien el 6 de septiembre de 2022 elevó a un millón de pesos el monto de la recompensa que ofrece a quien o quienes aporten información para detenerlo.
De acuerdo con la indagatoria, él también avaló en su dictamen el soporte de peso para construir el departamento donde vivía Miss Moni, en la parte superior del colegio Rébsamen.
Alejandro Jurado, padre de la pequeña Paola, quien perdió la vida en el derrumbe del Rébsamen, afirmó que faltan por ser detenidos exservidores públicos, y consideró que la FGJ no ha dado seguimiento adecuado a la carpeta de investigación, por lo que no se ha hecho justicia.
“Realmente no (se ha hecho justicia). Faltan los funcionarios públicos, falta el de Protección Civil de Tlalpan, es uno de los principales, falta el de Obras, obviamente también el director jurídico que estuvo en Tlalpan, faltan funcionarios del INVEA y de la SEP”, puntualizó.
El movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017, también derivó en un probable caso de corrupción de gran dimensión en la administración de Miguel Ángel Mancera, según indagatorias del gobierno y de la fiscalía de Ciudad de México.
Édgar Tungüí, excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación para la capital, fue extraditado de España el 13 de mayo de 2021, como presunto responsable del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
La FGJ le imputa ser el probable operador del desvío de recursos públicos que estaban destinados a vivienda, reforzamiento de inmuebles y reconstrucción, para damnificados de los sismos de septiembre.
Se le atribuye haber desviado cantidades que van de los 32 millones 335 mil pesos a los 116 millones 972 mil pesos. A la fecha, el exfuncionario no tiene firme ninguna sentencia.
CAO