Al menos ocho perros asesinados, amenazas constantes e intimidaciones es lo que ha vivido la familia de Humberto Tejeda por tres años, derivado de un conflicto agrario por la posesión de unos terrenos en la colonia La Crespa, ubicada en la zona nororiente del municipio de Toluca.
Preocupado por el bienestar de su familia, Humberto señaló que todo comenzó en 2019 cuando rompió el convenio de compraventa de un terreno ubicado en avenida Lombardo Toledano, esquina con José María Morelos, que tenía con Ignacio “N”.
Pese a que se le pagó por la tierra, la Procuraduría Agraria no permite el fraccionamiento de parcelas para venta por lo que nunca obtuvo un papel que respaldara la transacción.
En esta situación de intento de despojo hay más familias de la misma colonia, sin embargo, apuntó Humberto, la saña con la que ha actuado el señalado, ha sido especial en su contra.
“El señor me cedió un predio en la misma parcela ahí en La Crespa, me ha quitado cables de luz, me quitó el servicio de agua, la carpeta nunca se judicializó. Primero, para intimidarme y después de amenazar a mi familia. Comenzó a matar a mis perros incluso se comió a uno y tengo testigos de ello, le quitó la piel y se lo comió, incluso dijo que estaba bien alimentado porque yo les daba buenas croquetas”.
Señaló que, una vez que decidió resguardar con mayor seguridad a sus perros, el señalado capturaba perros callejeros, los dejaba amarrados y los mataba de inanición para después aventarle los cadáveres en su casa.
“El sujeto dice que tiene influencias, que su hermana es de Morena y nunca han procedido mis denuncias. Ha matado a 12 perros, incluso a uno de mis perros lo secuestró y a otro lo aventó a un pozo. He acudido a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, también ha acosado sexualmente a mi esposa y me ha amenazado con hacerle daño a mis hijos. De la disputa se desprendió el asesinato de ocho de mis perros más lo que traía de la calle y me aventaba en mi casa”.
Humberto decidió hacer la denuncia pública tras perder la esperanza de que las autoridades tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado y de la Procuraduría Agraria tomen cartas en el asunto.
“Esta persona tiene ocho meses que supo de mis denuncias y ya no se ha aparecido por mi casa, hace ocho meses me mató al último perro, pero sí han llegado personas a decirme que le bajara a mis asuntos, el miedo existe, pero tengo valor, yo sólo quiero que me deje vivir en paz, me da mucha tristeza lo de mis perros pero sólo quiero vivir en paz”.
Actualmente, en el Estado de México, el maltrato animal amerita de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 150 días de multa; sin embargo, es otro de los daños colaterales de la pandemia, pues tan solo en 2020, la Procuraduría de Protección al Ambiente de la entidad recibió mil 31 denuncias por actos de violencia cometidos hacia los animales, principalmente perros y gatos.
Además, el año pasado en la Cámara de Diputados local se acordó que, a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales. Asimismo, se señala que quien perpetre este delito también se haga acreedor o acreedora a multas que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.
La Silla Rota solicitó a la FGJEM saber el estatus de la investigación, ésta dio a conocer que tienen ya iniciada una carpeta de oficio por maltrato animal que se encuentra en fase de integración debido a los hechos relatados por Humberto Leonardo, por lo que en breve comenzarán a tomar declaración a las partes involucradas y a testigos.