Desde que comenzó la pandemia de covid-19, Ale se ha dedicado a rescatar perros de la calle. Vive en la zona industrial de Toluca y reconoce que desde 2020 ha adoptado a 14 peludos que encontró deambulando con huellas de maltrato.
Este viernes decidió sumarse a la manifestación pacífica que protectoras de animales realizaron en el Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca decidieron llevar a cabo para festejar que, tras un mes de difundir que en la dependencia municipal se practicaba la veterinaria de manera negligente, lograron que fueran cesados Carlos Corona como titular del CCyBA; la jefa de Médicos, Paulina Acuña Hijar, y el jefe de Departamento de Bienestar Animal, Raúl Berra.
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Aunque en el Estado de México el maltrato animal de cualquier índole es considerado un delito de acuerdo con lo estipulado en el Artículo III, capítulo 235-BIS, 235-TER y 235-QUÁTER del Código Penal, con penalidades que van de los 4 meses a los 9 años de prisión, apenas se repetían 12 denuncias formales.
Ale y sus callejeritos
Cansada de ver que los peludos estaban abandonados por la zona en la que vive, en especial merodeando por la calle Vicente Lombardo Toledado, Ale con ayuda de su esposo, comenzó a adoptarlos. En casa tenía ocho ya y ahora el número va en 22, todos esterilizados y atendidos.
El gasto semanal que esto le significa es de 3 mil pesos mensuales sólo en alimento, a esto le añade atención veterinaria, insumos de limpieza y el hecho de que todo el día se la pasa limpiando su hogar.
“Mi esposo y yo somos los que hacemos esta labor porque a veces la familia no está muy de acuerdo en esto porque nos perdemos de cosas por estar con los perritos pero no hay de otra, esto decidimos”.
La manifestación
En las instalaciones del CCByA, las protectoras señalaron que la protesta era en positivo por las destituciones que se lograron a base de dar a conocer los casos de negligencia como el de Paloma, una perra que iba a ser eutanasiada por un mal diagnóstico de cáncer.
Reconocieron que, aunque se ve más bonito pues fue pintado recientemente, desde que comenzó la administración municipal actual, a cargo de Raymundo Martínez se dio una baja en las esterilizaciones de perros y gatos además de lo ya expuestos, por lo que tras el despido de al menos 13 empleados y jefes de área, exigieron que el nuevo personal del espacio esté calificado para atender la alta demanda.
Soñaron que más de la mitad de los empleados del CCByA fueron despedidos a raíz de la auditoría que se realiza a la dependencia de la mano de la PROPAEM por lo que temen que las atenciones, en especial las esterilizaciones, bajen.
La sobrepoblación de perros, que en Toluca alcanza los más de 170 mil en las calles, por lo que urgieron a una política integral por parte del gobierno municipal que encabeza Raymundo Martínez Carbajal.
Demandan aplicación de la ley en casos de maltrato animal
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el maltrato animal no registra un alto volumen de denuncias, en la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Fraccionadores y contra el Ambiente y en las Fiscalía Regionales de Nezahualcóyotl y Chalco son las únicas donde se han judicializado carpetas de investigación, 12 en total, de los cuales uno sigue en proceso en Chalco y tres obtuvieron como resultado sentencias condenatorias.
Una de ellas a 1 año de prisión, 8 mil 868 de multa y 16 mil 800 para reparación del daño moral a favor de la víctima indirecta (2020).
En la Fiscalía Regional de Toluca se han iniciado 10 investigaciones por este delito de 2019 a 2022, pero todas se encuentran en trámite.
En la Fiscalía Regional de Naucalpan se llevan a cabo 24 investigaciones, pero ninguna ha sido judicializada al momento.
La Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Fraccionadores y contra el Ambiente tiene registro sobre este delito de 2018 a la fecha, cuando se registró la primera denuncia por estos hechos, que son 319 incitadas, 4 judicializadas, tres vinculadas, 2 sentencias y una orden de aprehensión pendiente por cumplimentar.
Ante este panorama, las protectoras señalaron que de poco sirve que la ley castigue el maltrato animal si no hay personas pagando por este delito.
(SAB)