Alejandra pasó siete años, un mes y 14 días recluida en el penal de Almoloya de Juárez, mejor conocido como “Santiaguito” acusada y sentenciada por el delito homicidio de su ex pareja, sin embargo, a través de la investigación que hizo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se convirtió en la cuarta persona en gozar de la amnistía en el último año.
Al poner un pie fuera de Santiaguito, Alejandra rompió en llanto y abrazó a sus hijos, a su padre. No sabía que este viernes iba a recuperar su libertad, fue una sorpresa.
“Gracias a la licenciada Myrna (García Morón, titular de la Codhem) ella vino, nunca había nadie trabajado ni caso como ella, fueron seis horas de entrevista, gracias a ella”, señaló.
La madre de dos, sufrió violencia intrafamiliar por parte de su pareja, quien era militar, por más de 14 años, incluso realizó las denuncias procedentes, aunque no fueron tomadas en cuenta durante su juicio.
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— La Silla Rota (@lasillarota) July 16, 2022
En 2015, durante un altercado él murió y a ella se le acusó de homicidio.
“Ella sufría violencia, en una pelea trató de defenderse y le aventó una pistola que se supone que no funcionaba, mi hija no sabe de armas, cuando la pistola le cayó a él en el pecho, se activó. Ella le hablo a la policía y a la ambulancia pero nunca llegaron, la prueba de radisonato demostró que ella no disparó, que no tenía pólvora ni en las manos ni en los brazos, aun así la sentenciaron”, comentó Roberto, padre de Alejandra.
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En primera instancia, se le sentenció a 40 años de prisión, sin embargo, la violación a sus derechos humanos, la violencia de la que era víctima, el resultado de negativo de la prueba de radisonato y la intervención de la Codhem, hicieron posible que recuperara su libertad.
Al salir del penal, Alejandra señaló que hoy más que nunca está dispuesta a disfrutar la vida como no lo había hecho antes y se dedicará a sus hijos y a sus padres, quienes nunca dudaron de su inocencia y tampoco perdieron la esperanza de volver a verla libre.
De acuerdo con Myrna García Morón, ombudsperson mexiquense, desde que entró en vigor la ley de Amnistía, en 2021, en el Edomex, la Codhem ha recibido más de 2 mil 170 solicitudes tanto por parte de familiares, personas privadas de la libertad y agrupaciones civiles, aunque muchas ya fueron calificadas como improcedentes debido a que no cumplían con los requisitos necesarios.
“En el ejemplo de ella (Alejandra) vamos a seguir presentando más amnistías a mujeres que, como lo hemos platicado, existen varias en la cárcel que no tendrían que estar. Alejandra es nuestra cuarta amnistía decretada, es todo un proceso el que ha llevado la aplicación de la ley, inicialmente no teníamos una metodología, no teníamos lineamientos, hoy ya contamos con lineamientos que nos permiten determinar en qué casos la amnistía puede ser procedente”.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La Ley de Amnistía en el Estado de México busca beneficiar a personas de escasos recursos o grupos vulnerables como indígenas, adultos mayores y mujeres, que por falta de una buena defensa permanecen en la cárcel, o bien que haya habido violaciones al debido proceso o a los derechos humanos de los imputados.
De acuerdo con los aprobado por los diputados locales, la amnistía solo procederá en casos de delitos no graves, y cuando se trate de un ilícito de alto impacto como secuestro, homicidio, violación o extorsión, el caso deberá ser analizado por la propia Legislatura o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, quienes pronunciarán si es viable o no otorgarla.
La Amnistía es una forma de extinguir la acción penal y las sanciones impuestas, con lo que, quienes comenten delitos no graves, pueden acceder al derecho al olvido legal favoreciendo a aquellas personas sin antecedentes.
Algunos de los delitos por los que las personas privadas de la libertad pueden solicitar la amnistía son: contra la salud, algunas modalidades de robo, relacionados con el medio ambiente, abigeato, aborto, resistencia, sedición, mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad o la de sus descendientes y personas mayores de 65 años de edad.
(SAB)