Atizapán de Zaragoza.- Mujeres jefas de familia carecen de políticas públicas que les permitan sacar adelante a sus hijos, presentan problemas económicos en su mayoría y enfrentan situaciones adversas como la falta de empleo, capacitación, salud, además de ser usadas políticamente, así lo señalaron expertas, legisladores y líderes comunitarios consultados por La Silla Rota.
Patricia Salinas es vecina de Tlalnepantla, en entrevista, detalla que ella, como madre soltera, ha visto complicado sacar adelante a su familia. Su pareja la abandonó desde hace más de 20 años, desde entonces ha sacado adelante sola a sus hijos, una mujer y un varón, “pero ahora ha llegado a nuestro hogar un nieto al que consiento y por el que me desvivo para darle todo lo que este a mi alcance por su salud, su alimentación y su educación”, dijo.

Patricia Salinas vecina de Tlalnepantla (Especial)
Patricia también considera que una madre soltera tiene que priorizar tener un buen empleo, por encima de pasar tiempo con su familia, porque hay que otorgar educación, alimentación y servicios de salud para los hijos, “y eso es algo difícil que implica un sacrificio”.
“Es sacrificio el dejar a los niños solos, es algo muy difícil para nosotras con tal de sacar adelante a una familia de cuatro como es mi caso”.
En el caso del Estado de México la alternativa del gobierno ha sido la implementación del programa Salario Rosa, que está enfocado a otorgar un apoyo económico a madres jefas de familia de 2 mil 400 pesos, que se otorga a través del Salario Rosa y se paga bimestralmente.
Según información pública del gobierno estatal, se tiene un padrón de más de 500 mil mujeres afiliadas, y para este 2022 se incrementará 100 mil o 200 mil más.
USO POLÍTICO DE UN PROBLEMA SOCIAL
El Estado de México tiene 16 millones 992 mil 418 habitantes, según cifras del Inegi. Esto representa el 13.5 % de la poblacional nacional. Se estima que en la entidad mexiquense existen 94 hombres por cada 100 mujeres, por lo que la relación hombres-mujeres es del 94.3 %. La mitad de la población tiene 30 años o menos.
El Inegi, con base en los resultados de su censo del 2020, señala que en la entidad existen 46 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad productiva. La estimación de población que depende de un jefe o jefa de familia es de 46.3 %.
Por ello, la cifra de población que es dependiente económicamente es aprovechada por el gobierno y por el partido en el poder como capital político, así lo señala Etelvina Gil, presidenta de la asociación Mujeres y Solidarios de Lomas de Bellavista, de Atizapán de Zaragoza.
Etelvina Gil, presidenta de Mujeres y Solidarios de Lomas de Bellavista (Especial)
Gil destaca que uno de los problemas de los municipios conurbados del Valle de México, e incluso en toda la entidad mexiquense, es que “no hay políticas públicas suficientes enfocadas a apoyar efectivamente a las familias y más aún a las que son encabezadas por mujeres”.
También señala que, para que una madre de familia pueda solventar los gastos que implica el sostener a una familia, no basta con otorgarles un salario de 300 pesos semanales, ya que se deben incrementar los apoyos de capacitación para el trabajo, la apertura de negocios familiares y brindar a las mujeres facilidades en atención de su salud y de educación para sus hijos.
EL PROBLEMA PERSISTE EN TODO EL PAÍS
Especialistas consultadas por La Silla Rota señalaron que los apoyos a madres solteras se han vuelto un botín político electoral no sólo a nivel local, sino a nivel federal, a pesar de que la ayuda que se les ofrece no es un aspecto partidista, sino un derecho de las mujeres.
“Por supuesto, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, pero también a nivel Legislativo, a nivel Ejecutivo y por supuesto que el gran ausente es el Poder Judicial porque no ha hecho justicia”, indicó, Yndira Sandoval, activista feminista, defensora de derechos humanos y fundadora de Las Constituyentes Feministas.
“El problema es que, lamentablemente, es necesario un apoyo a las madres que sostienen solas el hogar y las becas para estudio de los hijos, el apoyo directo a través de la tarjeta rosa, apoyo en prestaciones, tal vez incorporarlas al sistema de seguridad social, que me parecería un aporte mucho mayor, pero el problema es cómo se hace desde la política para que parezca como una dádiva, como algo de buena voluntad, algo que hace el político para promoverse por la política, pero no como parte de una política pública que tiene que ver sobre todo con la justicia social y que tiene que ver con generar mejores oportunidades entonces el problema es como lo vemos en México”, declaró la abogada feminista Patricia Olamendi.
Recordó que, de acuerdo con datos oficiales, tres de cada 10 hogares los sostiene una mujer, aunque podrían ser más, porque hay familias en las que, si hay pareja, pero ellas son las que generan el principal ingreso.
Olamendi criticó que los gobiernos, tanto a nivel local como federal se aprovechan de esto y en lugar de que se vea este apoyo como un derecho de las mujeres, se exalta como una dádiva de los gobiernos y a largo plazo se vuelve una carga más para las madres, ya que tienen que destinar parte de su tiempo para ir a mítines o se les condiciona el voto.
En tanto, Sandoval señaló que para entender esta situación es necesario verla desde diversas aristas, primero desde el hecho de que hay muchas madres jefas de familia que son únicas proveedoras y que esto proviene de un desdibujamiento de la corresponsabilidad del Estado, de la comunidad y de la familia que piensan que la maternidad es sólo un tema de mujeres.
“Entonces dos cosas, por un lado son un botín político para este gobierno y la clase política en general un botín político electoral, para decirlo claro, y por otro lado son las más olvidadas por el Estado o sea, la política de cuidado. Ya no solamente basta educación, vivienda, salud, sino ahora se ha visto el tema de los cuidados como el cuarto pilar, para una política de justicia social, pero es la política más cara”, indicó.
“O sea, hay abandono, hay una falta de responsabilidad. Hay un utilitarismo y hay una precarización, pero además un no reconocimiento a que son el principal motor económico del país”, criticó Sandoval.
Ante esta situación, las especialistas señalaron que para evitar que las madres solteras sigan siendo un botín político para los gobiernos es importante que se avance en las reformas constitucionales en materia de cuidados, para garantizar que tendrán acceso a estos apoyos en remuneración a su labor, sin que esto se considere como un tema electoral.
Y LOS PROGRAMAS SON IRREGULARES
En entrevista para La Silla Rota el diputado local Max Correa dice que el Salario Rosa es un programa que carece de reglas de operación.
Añadió que el programa del Salario Rosa es operado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y es uno de los programas que tiene más observaciones por irregularidades reportadas ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Diputado local Max Correa (Especial)
Dijo Max Correa que ese programa tiene un padrón de más de 500 mil afiliadas, y para este 2022 se incrementará a 600 mil o 700 mil, de acuerdo a lo presupuestado para el ejercicio fiscal del año en curso.
“Vemos mucha similitud en el padrón de afiliadas de Salario Rosa con el del PRI, por lo que su uso es político; ese aumento de afiliados que se perfila para este 2022, el cambio a la secretaría de Desarrollo de su alfil preferido y la colocación de su gente de confianza en la directiva estatal de ese partido, todo a que harán un uso faccioso del programa de la Tarjeta Rosa”, explicó Max Correa.
Destacó que actualmente se está haciendo uso político de la Tarjeta Rosa en Atlautla, donde se repetirá la elección de autoridades municipales el 15 de mayo, “se les está presionando a las mujeres afiliadas al programa de Salario Rosa para que promuevan el voto en favor de su la persona que su partido registró como candidato.
Salario Rosa (Especial)
Finalmente, el legislador asegura que no solo se está haciendo ese uso selectivo con el Salario Rosa, también con otros programas, ya que en la Legislatura anterior se le aprobó al gobierno estatal un presupuesto de más de 360 millones de pesos, para la terminación del hospital que se encuentra en Caracoles y que sustituiría al de Ceylán (dañado por el sismo de 2017), pero el nosocomio sigue en obra negra y abandonado.
Adriana radica en San Bartolo, en Naucalpan, y es beneficiaria del programa de Salario Rosa. Tiene incluso su tarjeta rosa con la que cobra cada dos meses 2 mil 400 pesos, y a ella como a muchas de sus vecinas no se les pidió como requisito que fueran madres solteras.
“En mi caso yo tengo esposo y tres hijos, soy beneficiaria del programa de la Tarjeta Rosa desde hace 3 años, cada año cuando mi coordinadora de Seccional me indica voy a actualizar mis datos para seguir recibiendo el beneficio”, explicó Adriana una madre de 32 años de edad.
Añadió que a ese programa puede afiliarse cualquier mujer que, como fue su caso, fue canalizada por la presidenta del Comité Seccional del PRI en su comunidad, explicó.
(SAB)