Sentada en su despacho, “Laura”, una ex ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se reconoce como víctima del sistema.
Antes de la pandemia, comenzó a integrar una carpeta de investigación en contra un padre violento, lo que reparó en que ella perdiera su trabajo y ahora esté en riesgo de ir a prisión.
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“Laura”, quien prefirió reservar su identidad por miedo a represalias, narró para La Silla Rota que durante dos años ha luchado por mantenerse fuera de un penal, ya que fue sentenciada a 7 años y 3 meses de prisión, acusada de abuso de autoridad.
“Me condenó un juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca, después de varias audiencias. En las principales, las de los testigos, ellos se condujeron con mentiras”, afirma en entrevista con este medio.
El caso
“Todo este caso deriva de una ‘sustracción de hijo’, que yo llevaba cuando era Ministerio Público. Ya tenía agarrado al imputado –que ahora es la víctima en mi sentencia–, lo tenía agarrado por todos lados: una audiencia más que no se presentara y yo ya podía solicitar la orden de aprehensión”.
Pero la pandemia detuvo toda su investigación, debido a que las audiencias se pusieron en pausa y luego se pospusieron. Esa situación, asegura “Laura”, fue aprovechada por el imputado de ese caso para denunciarla por abuso de autoridad.
“Tengo entendido que hay varios juicios de violencia familiar en contra de este señor, de los cuales ya tiene prohibida la convivencia (con las víctimas) y, en la carpeta del caso de ‘sustracción de hijo’, él ya está vinculado a proceso y no se puede acercar ni a la madre ni al menor”, detalló.
Pese a las pruebas que presentó en su caso, “Laura” fue sentenciada y ahora se amparó; sin embargo, denunció que el juez a cargo de su caso no tomó en cuenta la evidencia. Eso la llevó a perder su trabajo y, ahora, corre el riesgo de perder la libertad.
La Silla Rota solicitó al Poder Judicial estatal una postura sobre este caso, a lo que informó que la actuación del juez fue conforme a la ley, “pues consideró la ausencia de acuerdos que fundaran y motivaran la referida presentación del menor, con la que, la entonces Ministerio Público, se basó para su entrega a la madre”.
Es decir, –según el Poder Judicial–, “Laura” actuó “sin fundamento legal”.
“Este señor me da una condena de 7 años y 3 meses, argumentando que yo nunca puse disposición para ofrecerle una disculpa pública a la víctima, que tampoco se vio disposición para pagarle una reparación del daño; que soy abogada (por lo que) tengo pleno conocimiento de las consecuencias y que, por mi culpa, le quitaron a su hijo (al hoy denunciante). Obviamente esto es mentira”.
El llamado que hace “Laura” al Poder Judicial del Estado de México es a que se capacite a los jueces en materia de violencia de género y se evalúe su desempeño, pues en sus manos están las decisiones que pueden hacer que una persona acceda a la justicia, o bien, le cambie la vida de manera arbitraria.