La titular de la Procuraduría Social (Prosoc), Claudia Galaviz Sánchez, reconoció ante La Silla Rota el adeudo de 16 millones de pesos –y no 40 millones como se ha dicho en medios de comunicación– con proveedores del órgano desconcentrado capitalino.
Para garantizar el pago, se han hecho mesas de trabajo con los proveedores, tanto de parte de la propia Prosoc como con la Secretaría de Gobierno capitalino, añadió la funcionaria.
Galaviz dijo que a su llegada, en mayo pasado, no fue informada por la administración saliente de los contratos y, al hacer una revisión, encontró que algunos son desde 2019 y en otros casos hay documentos incompletos.
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Previó que el pago se podría comenzar a hacerse hasta el 2023. “No hay condiciones para hacerlo en estos momentos”, admitió.
Las anomalías
Galaviz, quien ha estado 18 años en la administración pública y antes de llegar a la Prosoc fue funcionaria de la alcaldía Miguel Hidalgo –cuando fue encabezada por Víctor Hugo Romo–, se define como muy apegada a la normatividad.
“A partir de que yo llego es importante señalar que hubo algunas anomalías de funcionarios salientes respecto a la información que estaban obligados a entregar. Yo no tenía como asunto pendiente o en trámite estos adeudos de otros ejercicios. Ellos culpan a tu servidora, pero hay obras del 2019".
“Es difícil de creer que no se les haya pagado o que sea responsabilidad de tu servidora. Inmediatamente conforme fueron llegando los proveedores, hicimos una mesa de trabajo con las tres coordinaciones, la Jurídica, de Programas y Administración, para detectar cuáles eran los trabajos, en qué ejercicio se realizaron. No me entregaron información y era muy importante tenerla”, reiteró.
Aunque no la mencionó, su antecesora al frente de la Procuraduría Social, fue Patricia Ruiz Anchondo.
Respecto a la deuda con los proveedores, recalcó que no son 40 millones de pesos, sino 16 millones y antes de que paguen los contratos estos están siendo revisados e incluso ayudaron a los proveedores para conformar sus expedientes.
Pero también destacó que de las revisiones exhaustivas que están haciendo “se detectaron contratos sin la firma de funcionarios, sin la firma de vecinos que reciben la obra, expedientes donde faltaba la validación de precios unitarios. Hay algunos proyectos que fueron cambiados que no están validados ni dictaminados por la procuraduría”, afirmó.
“El día de hoy no es que me niegue a pagar, simplemente debe ser apegado a la ley y para que se pueda tener un pago tiene que estar sustentado y tener una relación de documentos que se deben cumplir”, remarcó.
“Ellos (los proveedores) saben cuáles son los documentos de los que carecen, saben que no recibí documento alguno donde me informaran de estos adeudos y desconozco por qué no lo hicieron en su momento los compañeros funcionarios públicos”.
“Lo debo decir de manera tajante, no me reservo el derecho de ejercer acción legal si es que algún funcionario público fue omiso en sus responsabilidades o si alguna persona física o moral está haciendo o solicitando el pago del adeudo indebido”, advirtió.
–¿Hay una investigación contra funcionarios de la anterior administración? –se le preguntó.
–Hay observaciones que se hicieron a las actas de entrega de funcionarios que fueron omisos de entregar información. Inmediatamente se hizo del conocimiento del órgano interno de control, la Contraloría.
También se le consultó sobre las quejas de los proveedores que incluso la semana pasada hicieron una marcha sobre Tlalpan para exigir su pago. Aseguró que, además de la mesa de trabajo con Prosoc, se han reunido tres veces ante la Secretaría de Gobierno.
“El día de la manifestación peleaban que querían una fecha de pago, ya saben que no es una fecha de pago sino ver el mecanismo mediante el cual puedan tener la información completa para que se los demos”.
–¿Hubo corrupción en la anterior administración?
–No soy la instancia para determinarlo, simplemente digo que se hicieron observaciones a las actas de entrega y al día de hoy yo no tenía ese adeudo realizado ni documentos que lo sustenten.
“No estamos negándonos al pago, se está revisando expedientes e incluso en campo y por los vecinos para ver la revisión de las obras a satisfacción por parte de ellos, es un apoyo social, cumplimentando esto veremos la manera para solicitar el pago, pero si hay empresas por incumplimiento será la contraloría la que determine el pago", concluyó.