Carlos Ruiz Víquez Cuevas, coordinador del Centro Nacional de Cálculo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), enfrenta orden de aprehensión por violar la Ley Olimpia al difundir videos sexuales de su expareja, sin el consentimiento de ella.
Por este caso, hay una investigación contra el juez del tribunal de justicia capitalino, Daniel Urriste Ramírez, quien había exonerado a Ruiz Víquez Cuevas pese a las pruebas y revictimizó a la mujer al responsabilizarla de las grabaciones íntimas, revelaron a La Silla Rota autoridades del gabinete de seguridad de Ciudad de México.
“A mi nadie me puede garantizar que usted no tenga esa actitud con otros hombres”, le manifestó el juez Urrieste Ramírez a la joven profesionista en plena audiencia, el 8 de diciembre de 2021 antes de exonerar al funcionario del IPN.
También le dijo que iba a pedir que revisaran su teléfono celular, para saber si no tenía imágenes sexuales con otras parejas.
Sin embargo, otro juez del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México libró orden de aprehensión contra el coordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN, por la comisión del delito contra la intimidad sexual agravado, como parte de la carpeta judicial 005/221/2021.
El mandamiento fue turnado a elementos de la Policía de Investigación (PDI) para “buscar, localizar y aprehender al implicado, quien deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte”.
(Foto ilustrativa: Cuartoscuro)
El juzgador señaló que la orden es para “reconducir al imputado a proceso y la audiencia para la asignación de medidas cautelares”.
Su expareja sentimental, de identidad reservada, lo acusó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina de exponer, reproducir, intercambiar y compartir imágenes, de contenido sexual íntimo, sin su consentimiento.
La víctima se enteró que imágenes sexuales de su persona habían sido difundidas a través de diversos grupos por aplicaciones de información instantánea, por lo que sufrió violencia digital durante varios meses.
La Fiscalía de Delitos Sexuales realizó una investigación y llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia, pero el juez de control, Daniel Urriste Ramírez, determinó la no vinculación a proceso del acusado.
La víctima recurrió a la movilización social para exigir justicia al presidente del TSJ, Rafael Guerra Álvarez, a fin de que el Consejo de la Judicatura local abra una indagatoria contra Urrieste Ramírez.
También presentó un recurso de apelación que finalmente ganó, pues la Séptima Sala Penal del TSJ revocó la no vinculación contra el funcionario del IPN.
El imputado quedó vinculado formalmente a proceso, pero al ser llamado para comparecer ante la autoridad judicial para la imposición de medidas cautelares, incumplió y desapareció, por lo que ahora está prófugo de la justicia.
MRV