ATIZAPÁN DE ZARAGOZA.- Será hasta el 2023 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva el caso foliado con el número 13.333 del exfuncionario mexicano Daniel García, quien pasó casi 18 años encerado en el penal de Barrientos acusado del homicidio de quien fuera regidora de este municipio María Angélica Tamez Pérez ocurrido el 5 de septiembre de 2001, sin recibir sentencia alguna por ello.
Daniel García en el 2002, laboraba como funcionario cercano a quien fuera su jefe inmediato, el alcalde Antonio Domínguez Zambrano, ambos con 13 personas más serían detenidos e inculpados de ser partícipes en el homicidio de quien fuera quinta regidora María Angélica Tamez Pérez, asesinada de cinco disparos de bala frente a su domicilio en Las Alamedas, hace 20 años, la noche del 5 de septiembre de 2001.
Quince personas fueron detenidas entonces en febrero de 2002, “entre ellos a mi padre, a mis primos hermanos, y otros familiares, pero en mi caso particular me arraigaron por 30 días en lo que me investigaban, al no encontrar nada me volvieron arraigar por otros 30 días, fue luego que me ingresaron al penal de Barrientos, donde pase casi 18 años, en un proceso penal con múltiples irregularidades”, dijo en entrevista para La Silla Rota Daniel García.
“Se trató de casi 18 años de mi vida, donde viví la saña con que el gobierno del entonces Arturo Montiel Rojas, a través de quien fuera procurador Alfonso Navarrete Priva, nos enjuiciaron y calificaron de homicidas sin antes haber tenido un juicio penal. Montiel en esos momentos buscaba la candidatura a la Presidencia de México y quería quedar bien con todo mundo al tratando de inculparnos. Nos acosaron, nos insultaron, nos torturaron, violaron nuestros derechos humanos y en ningún momento presentaron pruebas reales de lo que se nos acusaba”, dijo.
Desde el 2002, Daniel García, quien fue funcionario de Atizapán de Zaragoza, enfrenta el proceso penal, por el cual pasó casi 18 años en las celdas del Centro de Readaptación Social de Barrientos, sin que hasta ahora recibiera sentencia. Siendo un caso único en el país donde un inculpado pasa tanto tiempo así, encerrado tras unas celdas sin ser sentenciado.
“Debido a la cantidad de anomalías que la autoridad ministerial presentó en el caso y donde todas, con fundamentación fuimos tirando poco a poco, la persona que me acusaba un tal Jaime Martínez de haber sido el partícipe del homicidio, estaba encerrado en un penal del estado de Hidalgo, incluso desde antes del homicidio de la regidora. Pero dos jueces se negaron a mandar traerlo para que se diera constancia de que era la persona que acusaba”, refirió.
Durante esos años que estuvo encerrado Daniel García se hizo cargo de la biblioteca del penal, y apoyó a las maestras que daban clases de instrucción escolar a los presos, también aprovechó para prepararse y poder hacer frente al proceso penal, sin más abogados porque a decir del procesado “siempre nos timaron, nos engañaron y nos llevaron a la quiebra sacándole a mi familia todo el dinero que pudieron”, dijo.
¿Pero cuánto le ha costado en recursos el llevar un proceso penal así?, “mira no tienes idea, ha costado los carros de mis hermanos, propiedades de mi padre (que ya falleció), y una casa que unos abogados andan vendiendo en 5 millones de pesos. Me quedé sin un restaurante que tenía, sin una panadería y sin dinero en mis cuentas”, refirió.
Destacó que aprovechó la biblioteca para prepararse, leer y estudiar leyes y así poder hacer frente al proceso penal, “con ello me fue posible hacer unas 50 solicitudes de amparo para mi caso y otras 50 solicitudes, para algunos otros de los presos recluidos en el mismo penal de Barrientos, de alguna manera me hice hábil en ese tema”, dijo.
#VIDEO | Todos fuimos acusados con pruebas y delitos fabricados, dice Daniel García, que fue procesado con la presunción de haber participado en el homicidio de la quinta regidora de Atizapán María Angélica Tamez Pérez, el 5 de septiembre del 2001. https://t.co/H74y4RYQDc pic.twitter.com/lHrXoC1c5f— La Silla Rota (@lasillarota) December 1, 2021
Refirió que en un dato histórico: “dieron entrevistas a cuanto medio pudo pagar, existen notas de periódicas, notas en radio y tv donde toda mi familia aparece como delincuentes, no solamente nos arraigo para establecer la fabricación de delitos hay un dato que es el hecho de que para el caso Atizapán, se emitieron cerca de 42 boletines de prensa, cuando cualquier noticia se emite dos o tres hasta cinco para ocupar un tema”.
Agregó que la Procuraduría (hoy Fiscalía) se inventó una trama donde supuestamente encabezaba una red de corrupción y espionaje, y que supuestamente la regidora los había descubierto, y por ello supuestamente la habían mandado matar.
“Mi tía paterna tenía una casa en la colonia Francisco Villa, que esta a 50 metros del palacio municipal, entonces al procurador le pareció que allí había una red de espionaje y que ocupaba a los policías, que rentaban el lugar para espiar”.
Destacó que en todo ello se usó la fuerza de la prensa, de la complicidad de las declaraciones, ya dentro de la averiguación previa, “no hay una sola hoja que señale, una grabación, un cable, una fotografía, un casete o algo que se puede haber grabado que demostraran que formábamos parte de esa supuesta red de espionaje”, explicó.
A la fecha el expediente del caso consta de 60 mil fojas que se han ido acumulando a través de los 20 años y 3 meses, tiempo que tiene de ocurrido el deceso de la ex regidora.
“Recibido en México el informe de la ONU y luego el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incidieron en mi libertad condicional”.
Agregó que los condenaron sin que se les demostrara que fueron responsables “y para llegar a la Corte Interamericana no es fácil, somos 14 en la historia de México que hemos llegado. Pasaron 20 años del hecho, llevamos 16 de enfrentar al Estado Mexicano, y 11 años de trámites. Hemos entregado entregados cientos de pruebas”.
El juicio ante la Corte Interamericana tiene varias etapas, para que haya aceptado el caso se tuvieron dos informes de admisibilidad, y otro que es un informe de fondo, donde se presentan todas las pruebas, todas las respuestas del Gobierno de México, todo se envía a Costa Rica y desde Washington se hace el trámite con un grupo de expertos. El 20 de agosto de este año nos informó la Corte Interamericana que fue admitido nuestro caso. Es de destacar que al año la Corte Interamericana sólo admite de 6 a 8 casos al año.
“Nuestro caso es el 13.333 donde la Corte Interamericana da inicio el procedimiento formal, donde también se le informa al Gobierno de México de ello”.
En ese momento nos dieron dos meses para presentar un documento que se llama escrito sobre argumentos y pruebas. Ese escrito es el que nos permite presentar la versión de los hechos que va acompañada al que ya presentó la Comisión Interamericana.
“La aceptación en la Corte se basa en la argumentación de 4 violaciones a nuestros derechos a Reyes Alpizar y a mí; además de la violación a la integridad personal, la violación de la prisión preventiva y el arraigo, y por el hecho de habernos juzgado sin resultado. Estamos buscando incorporar a más víctimas que en este caso son mis familiares a quienes también se les violaron sus derechos y a los familiares de Reyes Alpizar que también fueron encarcelados y perseguidos”, explicó.
Se trata del primero caso que sucede en la historia de la Comisión Interamericana donde se canaliza a Corte sin una condición que es imposible de solventar: que el caso haya terminado en el país de origen. “Estos es que hay habido sentencia. Que haya recurrido en apelación y que haya recurrido a un amparo donde se solicita protección del gobierno federal. Si no llega uno con esa documentación no lo reciben. En nuestro caso no sucedió así, la comisión interamericana se escandalizo a ver la cantidad de violaciones y lo aceptó”.
Esa es la razón por la que estamos aún en un juicio. A la par ya se esta enjuiciando al Gobierno Mexicano por este caso. Todas las sentencias de Corte Interamericana resultan en sanción de reparación a las víctimas y también hay pronunciamientos acerca de la violación que hace el Estado.
“En este caso avisoramos que la corte establece la violación del arraigo, la prisión preventiva oficiosa, que en ninguna parte del mundo existe más que en México. Nada más es cosa de que se nos acuse en unos de esos delitos y ya no sales. En otros países tienes la posibilidad de pagar una fianza y permanecer fuera hasta que acaba el juicio y si eres declarado culpable entonces a cumplir la condena.
Explicó Daniel que uno no debe permanecer en la cárcel hasta que se resuelva un juicio y se declare la culpabilidad, pero el gobierno no debe encarcelar a sus ciudadanos hasta que se tenga sentencia condenatoria. Otra de las reparaciones que ser están solicitando es que en México no existe el control sobre el Ministerio Público y las policías de investigación. Son áreas donde no entregan cuentas a nadie, no le dan cuentas, y no hay reglamento ni ley que los controle, es por eso que en nuestro país ellos son tan ricos, y eso no ocurre en otros países.
En casos anteriores ha habido necesidad de que el gobierno promulgue leyes con base en recomendación de la Corte Interamericana. Y pudiera ser el caso de que se recomiende, refirió. Destacó que tienen confianza de que su caso va a tener relevancia histórica en el país.
Otras reparación solicitada ante la Corte Interamericana es que hubo una persona que actuó de una manera atroz, vil, un delincuente porque nos acusó de asesinos sin elementos, y él ordeno todo esto que se desarrolla, esa persona es Arturo Montiel Rojas “y confiamos en que la Corte Interamericana tenga sanción también para él y para el Estado Mexicano”, concluyó.
(SAB)