Para evitar que las administraciones municipales salientes dejen deudas, con proveedores principalmente, y esto genere conflictos financieros, se propuso que los presidentes municipales morosos sean sancionados e incluso se acuse del delito de obstrucción a la inversión a los funcionarios responsables de la deuda.
Actualmente, las deudas de los municipios ascienden en conjunto a 5 mil millones de pesos, por lo que se propone regular la entrega-recepción para evitar estos escenarios.
La propuesta también contempla que no se otorgue la carta de “No adeudo” a los ediles que no dejen finanzas sanas.
A decir de la diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), de no aprobar las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo se podrían tener consecuencias legales para las actuales y futuras administraciones municipales.
Subrayó, además, que las salidas fáciles con el tiempo generan crisis insostenibles para la ciudadanía, por lo que exhortó a las autoridades municipales y estatales a ser eficientes en el manejo de recursos públicos, pues para 2022 se incrementó el 4.7% el presupuesto a las entidades y los municipios, participaciones que no estarán etiquetadas y será su responsabilidad determinar las prioridades del gasto.
En tanto, durante la sesión de la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal se aprobó por mayoría de votos que los ayuntamientos de San José del Rincón, San Felipe del Progreso y Nicolás Romero enajenen y subasten públicamente dos, uno y seis inmuebles municipales, respectivamente, para obtener recursos y cumplir con sentencias judiciales.
A San José del Rincón se le autorizó desincorporar dos inmuebles con superficie de cinco hectáreas cada uno para que pague una deuda de 28 millones 155 mil pesos por el revestimiento de caminos derivado del contrato firmado por la administración 2009-2012 con la empresa Ulsa Consorcio Urbanista e Inmobiliario S.A. de C.V.
A San Felipe del Progreso se le autorizó desincorporar un inmueble de mil 727.83 metros cuadrados para transmitirlo al ciudadano José Armando Sandoval Esquivel para dar cumplimiento al requerimiento de pago dictado dentro del expediente 1464/2006 tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.
Además, a Nicolás Romero se le autorizó enajenar seis inmuebles, de entre 126 a 969 metros cuadrados, para pagar un laudo en favor de Agustín Olivares Balderas por requerimiento de pago y/o embargo ante la sala auxiliar de Tlalnepantla por 40 millones 456 mil pesos.
Respecto a las solicitudes de desincorporación de los municipios de Metepec y Toluca, así como del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), se aprobó solicitar a la Junta de Coordinación Política que convoque a síndicas o síndicos municipales y a representantes del Instituto y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pues persisten dudas sobre el destino de los recursos que se obtendrán.
fmma