Los capitalinos que viven cerca de la construcción de nuevos edificios departamentales o de oficinas, así como de obras públicas, ven violados sus derechos humanos a la seguridad jurídica, a un nivel de vida adecuado, a la integridad personal y a un medio ambiente sano, advierte un informe sobre “Crecimiento urbano y derechos humanos en la Ciudad de México”, presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
De acuerdo con el estudio, los capitalinos están en “vulnerabilidad” ante el cambio de uso de suelo en diferentes puntos de la ciudad para, con la anuencia de las autoridades, dar paso a grandes complejos inmobiliarios que no cumplen con un programa de desarrollo urbano y pasan por encima de áreas de valor ambiental, zonas patrimoniales y espacios abiertos de la ciudad.
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“Es perceptible la forma en la que se violan las normas previamente establecidas, transformando la ciudad sin un verdadero, concreto y real programa de desarrollo urbano, que proteja de manera contundente las áreas verdes, las áreas de valor ambiental, las zonas patrimoniales y los espacios abiertos; que facilite el incremento constructivo del suelo disminuyendo los porcentajes que deben respetarse de áreas libres y permeables en los predios donde se construye y los incrementos desproporcionados en las alturas establecidas de forma previa en colonias, barrios o pueblos de la ciudad de México. Las autoridades fallan en el ejercicio de sus facultades por omisión, anuencia o tolerancia a determinadas conductas”, así lo da a conocer la comisión.
Clausura en Amsterdam 270 en la colonia Hipódromo contra la pretensión de derribar un edificio considerado de alto valor aqutectónico.
En el informe se detalla que de 2011 a julio de 2017, vecinos de distintas colonias afectados por desarrollos inmobiliarios, megaproyectos y la construcción de obras públicas, presentaron 234 quejas por la presumible violación de sus derechos humanos.
“La denuncia generalizada en este tipo de quejas fue la vulnerabilidad en la que se encuentran sometidas las personas vecinas de un lugar, cuyo uso de suelo puede ser modificado discrecionalmente, lo cual provoca desplazamientos o el llamado proceso de gentrificación de colonias afectadas por estos cambios”, se lee en el documento.
De las quejas, 166 fueron identificadas como consecuencia de obras públicas (con permiso de las autoridades) y 68 por obras privadas, de acuerdo con el informe.
Las principales denuncias de violación de derechos humanos fueron por seguridad jurídica, con 139 menciones; en segundo lugar por la presunta violación a un nivel de vida adecuado, con 44 citas; a la integridad personal con 43 referencias; a un medio ambiente sano, con 33 menciones; y de petición y pronta respuesta con 22. También el derecho a la información aparece como presumiblemente violado, con 11 menciones.
El informe refiere que los años en que se presentaron más quejas fueron 2015, con 69; 50 en los primeros siete meses de 2017, y 46 en 2014.
“Lo anterior puede deberse a un aumento en la construcción de proyectos de vivienda y de la vida y obra pública-privada, lo que incrementaría el número de personas afectadas por presuntas violaciones a derechos humanos”, se añade.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) encabeza las quejas, con 35 menciones. Después está la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) con 26 casos; le sigue la delegación Benito Juárez con 24 menciones, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), con 23; la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), tiene el mismo número.
Enseguida están las delegaciones Tlalpan, con 20 menciones, e Iztapalapa y Coyoacán con 18 cada una.
Protestas contra la pretensión de construir el centro comercial Patio Puentes Tlalpan. (Tomada de la web)
Recomendaciones sin cumplir
El informe también contiene datos sobre el bajo nivel de cumplimiento de recomendaciones emitidas por el órgano defensor de derechos humanos.
De 1993 a la fecha, la CDHDF ha emitido 72 documentos recomendatorios que abordan algún aspecto urbano que ha afectado el bienestar de las personas, y de esas recomendaciones, 23 giran en torno a problemáticas derivadas del crecimiento urbano y construcción de obras.
Las jefaturas delegacionales fueron las principales autoridades señaladas como responsables de los hechos en las 23 recomendaciones analizadas, seguidas de la jefatura de gobierno y de la Seduvi.
Como en el caso de las quejas, se acreditó en 12 casos violaciones al derecho a la seguridad jurídica; 7 a la vivienda adecuada; 6 a un nivel de vida adecuado; 5 a la propiedad priva e igual número a un medio ambiente sano.
En el caso de las recomendaciones, las delegaciones Cuauhtemoc, Tlalpan, Benito Juárez y Coyoacán recibieron el mayor número de señalamientos, con 13% y 12 % las dos primeras, y las ultimas con 11%.
Solo 8 recomendaciones fueron aceptadas en su totalidad, seis relacionadas con proyectos constructivos públicos y dos con proyectos privados con permisividad del Estado, en las que la autoridad ha reconocido su responsabilidad.
Otras 13 fueron aceptadas parcialmente, ocho sobre construcciones públicas y cinco de construcciones privadas, y dos no fueron aceptadas por las autoridades, una relacionada con obra pública y otra con una obra privada.
Uno de los casos emblemáticos incluidos en el estudio es el del megaproyecto de la Arena Ciudad de México, en la delegación Azcapotzalco. De acuerdo con la recomendación 17/2013 hubo falta de transparencia en las decisiones públicas, fue violado el derecho a la consulta y participación de habitantes de los pueblos aledaños, y hubo represión de las autoridades gubernamentales al ejercer el derecho a la manifestación de ideas, cuando protestaron en contra de la construcción de la obra.
JGM