Pachuca.— Una problemática vigente en Hidalgo es la violencia institucional que impide el acceso a la justicia, especialmente en casos de violencia de género. Katia Icela Vázquez Peralta se ha convertido en un caso emblemático al ser la primera madre de familia en iniciar una carpeta de investigación por violencia vicaria en el estado, sin embargo, su lucha ha estado marcada por omisiones y trabas burocráticas que incluso hoy, después de tres años, solo han derivado en una propuesta de solución por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y una disculpa institucional.
Katia, activista de la Colectiva Vasta VV e integrante de la Mercadita Las Insurgentas ha sido porta voz en la entidad de la violencia vicaria, tipo de violencia de género que se caracteriza por retener a los hijos para promover y fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna.
Su caso permitió que en Hidalgo se reconociera la violencia vicaria en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Libre de Violencia, y como delito en el código penal, no obstante, su lucha, que inició en noviembre del 2022, sigue viviendo una serie de obstáculos, omisiones y discriminación por parte de instituciones públicas.
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“Desafortunadamente entre un gobierno y otro no hay gran diferencia, como activistas hemos solicitado audiencia con la magistrada Rebeca Aladro para exponer los casos de violencia institucional de lo que éramos objeto madres de la colectiva feminista, ya han pasado más de 2 años sin atención y ahora la Comisión de Derechos Humanos me llama para disculparse por mandar mi asunto a archivo y me propone una resolución, eso es una burla y revictimización, corroborando que sigo siendo víctima de violencia institucional”.
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De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia institucional contra las mujeres son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
Detalló que ante la Comisión presentó una queja por omisiones y negligencia de la licenciada del Ministerio Público, donde buscaba atención por la sustracción de sus hijos, no obstante, tal expediente fue archivado ya que Katia pertenece a una colectiva feminista, situación que vulneraría a la institución.
“En entrevista con Ana Karen Parra me dio una propuesta de solución y una disculpa por la tardanza, lo cual es un insulto porque mis hijos siguen sustraídos, la misma institución está revictimizando, por qué a tres años ahora me dicen que hay una resolución cuando yo la pedía de inmediato, requería acompañamiento en audiencia, necesitaba apoyo", denuncia Katia.
La propuesta de solución es tomar acción legal en contra de la Ministerio Público que hizo las omisiones y que no permitió el acceso a la justicia, igualmente se mandará el expediente a la Procuraduría para que se vuelva a abrir la carpeta de investigación y poder ejercer acción penal en contra del agresor de Katia y el de hijos, así como su incorporación al registro nacional de víctimas.
“Yo he denunciado desde el primer momento, tengo archivos y antecedentes, pero sigo viviendo esa violencia institucional, es un insulto más la revictimización a todas luces de que usted disculpe sí tenía derecho a la justicia, pero se la negaron por ser parte de una colectiva y liderar a madres víctimas de violencia”.
Este caso reaviva el debate sobre la urgencia de fortalecer las instancias de justicia y garantizar un acceso real y efectivo para las mujeres que denuncian violencia. La violencia institucional no sólo se refleja en la negación de justicia, sino también en la revictimización de quienes buscan protección y respuesta del Estado.
Alva Rivera, activista de La Mecadita Las Insurgentas, indicó que las principales violencias institucionales a la que son sometidas las víctimas son la revictimización y los largos periodos de espera para que su proceso legal y psicológicos tengan efecto, lapso no menor a 3 meses.
“El mayor número de casos en los que las compañeras buscan ayuda, ya sea en el Instituto de la Mujer o alguna otra instancia de gobierno, para hacer su denuncia pertinente por alguna violencia que están viviendo, son ignoradas, muy pocas tienen acceso a la justicia, otra cosa es que para tener justicia sí o sí debes tener dinero porque el pagar abogados y procesos es costoso”.
La activista consideró que las colectivas feministas juegan un papel importante al intervenir en las omisiones, negligencia y discriminación de las instituciones de gobierno, facilitando información, acompañamiento y orientación, pues de 10 solo 3 mujeres llegan atender justicia y atención terminando los procesos legales.
“Con base en testimonios me atrevo a asegurar que en algún punto de los procesos la gran mayoría de víctimas, sino es que todas han sufrido violencia institucional y esto se debe a que los servidores públicos desconocen protocolos de atención”.
Según la CNDH, los principales hechos presuntamente violatorios en materia de igualdad son a la protección a la salud, seguridad jurídica y a la igualdad. Asimismo, en la mayoría de los casos, las instituciones responsables de la atención en situaciones de violencia no ofrecen alternativas a las mujeres y las revictimizan por medio de actos como el tráfico de influencias y la protección de los agresores.
Asimismo, funcionarios públicos desconocen en general la legislación local sobre género en los estados donde esta existe y se identifica la falta de capacitación y sensibilización en perspectiva de género y violencia.
“Hay nula preparación, capacitación y concientización de servidores públicos. Gracias a la lucha feminista hemos tenido muchos derechos, pero también las instancias no tienen una agenda de concientización del respeto a los derechos de la mujer y las infancias, no existe congruencia de lo que se dice de las instituciones con lo que se hace en ellas y las colectivas, fundaciones y la organización civil organizada nos vemos muchas veces rebasados ante las necesidades en el estado”.
sjl