PACHUCA.- La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), de 2015 a la fecha, no ha detenido ni sentenciados a personas señaladas por trabajadores de la comunicación como responsables de agresiones recibidas por ejercer el periodismo.
El diputado Roberto Rico Ruiz aseveró que, según datos de la dependencia, de 2015 hasta junio de 2022 se contaban con casi 70 carpetas de investigación, pero solo siete se encontraban en averiguación previa con el modelo de justicia penal anterior y tres judicializadas.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 130213100101522, siete querellas fueron archivadas definitivamente, cinco enviadas a archivo temporal y en tres no se ejerció acción penal; además, hasta la fecha no se tienen detenidos ni sentenciados por dichas agresiones.
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Los principales señalados, de acuerdo con el documento, son personal de Seguridad Pública municipal, policía estatal, Oficialía Mayor de la policía municipal, personal del Congreso del estado y presidencia municipal.
Por otra parte, la organización Artículo 19, en su informe de 2021 denominado Negación, en donde detalló el estatus en que se encuentran las y los trabajadores de la comunicación en el país, puntualizó que en Hidalgo tenía registradas cinco agresiones; en 2020, en Distorsión: el discurso contra la realidad, contabilizó seis.
En 2019, en el informe Disonancia documentó cinco casos; en 2018, Ante el silencio ni borrón ni cuenta nueva, recibió siete reportes de agresiones, entre amenazas, ataques a medios, agresiones físicas, intimidación y hostigamiento, privación de la libertad y uso ilegítimo del poder público.
Además, en esa anualidad, cuando la entidad tuvo elecciones federales y estatal, también se documentaron tres incidentes durante el proceso electoral y dos durante el día de la jornada.
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Artículo 19, en el informe de 2021, refirió que de 2018 a 2020 la procuraduría había implementado en 59 casos el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, el cual permite agotar de manera oportuna y obligatoria las líneas de investigación que relacionen el trabajo periodístico de la víctima con la agresión, a efecto de determinar su origen, quiénes intervinieron y participaron en los hechos, y los derechos afectados.
LA FISCALÍA ACÉFALA
En enero de 2015 fue publicado el acuerdo 01/2015 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) por el que se creaba la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, dependiente de la PGJH, encabezada por el otrora procurador Alejandro Straffon Ortiz.
El objetivo era que pudiera dirigir, integrar, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, el ejercicio de la acción penal por delitos cometidos en contra de periodistas o defensores de derechos humanos.
En mayo de esa anualidad fue nombrado fiscal Héctor Zárate Durón, quien en ese entonces tenía 55 años de experiencia en medios de comunicación y una trayectoria en derecho.
Sin embargo, en agosto de 2018 presentó su renuncia al cargo y aseguró que se debía a causas de su edad y salud física.
CUATRO AÑOS SIN RESPUESTA
El 29 de diciembre de 2018, el fotoperiodista Juan Martínez acudió a tomar fotografías de la venta de pirotecnia en los alrededores del Mercado 1 de Mayo, en el centro de Pachuca.
Sin embargo, al retirarse del lugar comerciantes lo agredieron verbal y físicamente. Recordó que personal de Protección Civil y Bomberos, que se encontraba en las inmediaciones, lo auxilió, posteriormente llegaron policías municipales, pero no detuvieron a los agresores.
Minutos después, acudió al área de urgencias de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde le fueron realizadas radiografías y estudios clínicos, los cuales arrojaron como diagnóstico: contusión de la región lumbosacra y de la pelvis, así como contusión del codo.
Después de la revisión médica, ese mismo día acudió a una agencia del Ministerio Público (MP) a levantar el acta correspondiente, la cual quedó registrada bajo el número único de caso (NUC) 12-2018-19779 por lesiones, amenazas y lo que resulte.
El caso fue ingresado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, en ese entonces llevaba acéfala cuatro meses.
A mediados de 2019, su caso fue transferido a la Subprocuraduría de Delitos De Género, Desaparición De Personas E Impacto Social, en donde le aseguraron que le darían trámite, por lo que se dio inició a la causa penal 731/2019, por el delito de lesiones dolosas y que fue radicada en el juzgado de control, juicio oral y ejecución del primer circuito judicial con sede en Pachuca.
Fue hasta febrero de 2020 que el señalado fue ubicado y citado a una audiencia. Llegó a un acuerdo de reparación del daño para que I. P. M. pagará, en un mes, un monto económico al fotoperiodista agredido.
No obstante, llegó la fecha acordada y el agresor no se presentó a la cita para finiquitar el acuerdo. El caso quedó suspendido debido a la pandemia de covid-19, a mediados de 2021 volvió a retomarse.
Juan detalló que a las últimas audiencias acudió la pareja sentimental del imputado, quien refirió que I. P. M. no podía pagar el monto acordado un año atrás, que estaba fuera de la ciudad y no se presentaría a las audiencias.
En una ocasión, la mujer amenazó al agraviado, por lo que la juez ordenó por tres meses medidas de protección a favor del fotógrafo.
Tras los hechos, el caso quedó de nuevo en pausa. Juan informó que en la segunda semana de julio una ministerio público le llamó por teléfono para informarle que retomaría su caso. Prevé reunirse con ella en los próximos días.
REPORTEROS, EXPUESTOS A LAS AGRESIONES
En junio de 2017, dos reporteros de diferentes medios de comunicación locales fueron agredidos en inmediaciones de la presidencia municipal de Pachuca por comerciantes del mercado 1 de Mayo; aunque policías se encontraban en el lugar durante los hechos, no detuvieron a los agresores.
Los comunicadores, que en ese entonces laboraban en los periódicos Criterio y El Independiente de Hidalgo, se encontraban grabando la agresión de comerciantes a policías de Pachuca por la detención de un motociclista.
El exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Guillermo Vergara Aguirre, refirió que los agresores eran comerciantes, quienes al ver la detención acudieron al sitio y comenzaron a agredir a los uniformados, lo que dejó como saldo a un policía y dos comunicadores heridos.
En febrero de 2020, comuneros de Ixmiquilpan retuvieron al delegado en Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el argumento de que no fueron cumplidas las obras de infraestructura comprometidas, por lo que lo hicieron caminar por el bulevar Felipe Ángeles.
Durante el recorrido, elementos de la policía fueron agredidos con piedras por los manifestantes, durante el ataque reporteros que cubrían el hecho fueron agredidos, los comunicadores reportaron el robo de sus equipos de trabajo.
En junio de 2021, campesinos de San Salvador se manifestaron en la sede del gobierno estatal para exigir obra pública en diversas comunidades, horas más tarde los policías estatales intentaron repeler a los quejosos y lanzaron gas lacrimógeno.
Reporteros que estaban cubriendo la situación también fueron afectados. Un fotorreportero de un medio de comunicación local denunció en redes sociales que fue golpeado por un policía e incluso mostró el video en donde se aprecia el momento en el que recibe un toletazo en la pierna por el uniformado.
En enero pasado, presuntos comerciantes de Mineral del Monte acompañados por el alcalde Alejandro Sierra Tello, agredieron a protectores de animales que intentaban manifestarse para exigir justicia por el rapto de 13 perros del refugio Cuatro Patitas Un Corazón.
Durante el acto, reporteros que cubrían el evento también fueron agredidos físicamente y se les ordenó dejar de grabar la situación.
TIPOS PENALES QUE AMORDAZAN
Artículo 19 puntualizó que algunos estados, como Hidalgo, cuentan con tipos penales que “atentan contra la libertad de expresión”, toda vez que tipifican acciones con el fin de censurar a los medios de comunicación, tal es el caso del ultraje.
“Si bien, los códigos penales no definen la palabra ‘ultraje’, algunas entidades la tipifican como cualquier acción cometida contra un servidor público en ejercicio de sus funciones, mientras que otras no definen el supuesto y solo determinan la sanción, lo cual abre un abanico de posibilidades de encuadrar una conducta en ese supuesto”, refiere.
No obstante, el 22 de marzo pasado el diputado local de Morena, Timoteo López Pérez, presentó una iniciativa de ley para derogar el artículo 320 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, el cual evoca dicho delito.
Argumentó que el sistema penal ha castigado “todo tipo de disidencia, aun en fechas recientes se han utilizado los distintos tipos penales como un arma, no solo para imponer una pena ante algún ilícito, sino para judicializar y reprimir la protesta social”.
Por otra parte, el 30 de julio de 2019 la organización celebró que el Congreso de Hidalgo aprobara la derogación de los delitos contra el honor, pues representaba un avance para la garantía del derecho a la libertad de expresión.
“Es un avance en la generación de condiciones más favorables para las libertades de expresión e información en México, ya que los mismos han sido utilizados de manera arbitraria por parte de actores con poder político o económico para acallar voces críticas que les resultan molestas o incómodas”, detalló en un comunicado.
Dicha acción se dio luego que, en enero de 2018, Leonardo García fuera detenido y sujeto a proceso judicial después de exhibir en un medio de comunicación local que la constructora Silma había venido casas de casi un millón de pesos en una zona de inundaciones.
UNA NUEVA LEGISLACIÓN
En junio pasado, el diputado local Roberto Rico Ruiz presentó una iniciativa para la creación de la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, la cual sería un órgano de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
En su intervención, aseguró que la creada en 2015 “no fue trasladada a la Ley Orgánica que, a través de la presente, se reforma y adiciona, menos aún, resulta ser un órgano en funciones, ya que los asuntos en materia de la misma han sido transitados a través de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social”.
Asimismo, señaló que había una “evidente falta de mecanismos idóneos” de las autoridades para prevenir y evitar delitos contra la libertad de expresión, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo que consideró necesaria la reactivación y reconfiguración de la fiscalía.
sjl