PACHUCA. – Desde 1999 el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) fue dirigido por magistrados que después de 20 años figuran en la escena pública con cargos de senadores de la república, secretarios generales de partidos políticos a nivel nacional, algunos con señalamientos de adquirir concesiones de taxis y hasta notarias.
A partir de 1869 cuando se emitió el decreto para nombrar a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia estatal, han existido 49 magistrados presidentes más dos interinos, de acuerdo con los registros públicos del TSJEH.
Es decir, desde hace 150 años los titulares del Tribunal Superior concluyeron su periodo de gestión para trasladarse a otros escenarios de la escena pública.
Hace 20 años, Julio Ramón Menchaca Salazar fue magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, desde marzo de 1999 a diciembre de 2004, hoy es senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado.
Fue después el abogado José Francisco Díaz Arriaga quien en 2004 llegó al TSJEH y aunque apenas duró dos años como magistrado presidente, fue señalado por tomar un bono de retiro que superó los dos millones de pesos.
Además, de acuerdo con la biblioteca de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa, Lucas González López fue dos veces presidente del TSJEH, una en 2006 y otra en 2009; sin embargo, en ambas ocasiones figuró como magistrado interino.
Posteriormente, Alma Carolina Viggiano Austria quien encabezó el Tribunal Superior de Justicia de 2007 a 2009 para posteriormente ser diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en al menos dos legislaturas, actualmente es secretaria general del tricolor a nivel nacional junto con una denuncia que arrastra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
De 2010 a 2014, Valentín Echavarría Almanza actuó al frente del Poder Judicial para que su lugar lo supliera el cronista Juan Manuel Menes Llaguno, acusado de recibir notarias durante el sexenio del ex gobernador, José Francisco Olvera Ruíz, ex mandatario que nombró a funcionarios que hoy en día enfrentan procesos legales por peculado.
Actualmente es Blanca Sánchez Martínez quien desde 2016 preside el organismo, aunque previamente fungió como actuaria y secretario de acuerdos en el Distrito de Apan, además de ser juez de primera instancia en los Distritos Judiciales de Ixmiquilpan, Tula y Actopan.
LAS ACUSACIONES
La Constitución Política del Estado de Hidalgo especifica en su artículo 95 que los nombramientos de los magistrados y jueces del Poder Judicial “serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad”.
En 2018 cuando el actual legislador Julio Ramón Menchaca Salazar contendió por un curul en el Senado de la Republica bajo el partido de Morena, la Federación de Unión de Trabajadores del Volante (FUTV) que lidera en Hidalgo Pedro Solares Cuevas, acusó que el entonces candidato fue beneficiado con 49 concesiones de taxis, presuntamente otorgadas en el sexenio del ex gobernador Manuel Ángel Núñez Soto –de 1999 a 20015.
Acusación que llegó hasta la Fiscalía Anticorrupción de Hidalgo; sin embargo, dichos señalamientos fueron desestimados por el morenista quien indicó que eran parte de una “guerra sucia”, pues Solares Cuevas y su federación apoyaron a los candidatos del PRI. Además, su nombre no apareció en los registros de concesionarios.
Mientras que su sucesor el magistrado José Francisco Díaz Arriaga quien incluso expidió el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Hidalgo para demostrar la “gama de valores a la que debe quedar sujeta la actuación de los servidores públicos judiciales”; antes de dejar su puesto se asignó un bono de retiro de más de 2 millones de pesos.
Carolina Viggiano Austria después de pasar por el TSJH fue diputada federal, directora del Consejo Nacional de Fomento Educativo y antes de llegar a la secretaria general del PRI fue acusada ante la Fepade por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz por presuntamente posicionar su imagen con recursos pertenecientes a la administración estatal de Hidalgo.
En abril del 2014 Juan Manuel Menes Llaguno fue nombrado magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, aunque en su página oficial se ostenta como “cronista de Hidalgo”. A lo largo de su carrera fue Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, rector de Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y hasta líder sindical de esta institución.
Aunque también fue beneficiado en 2016 con una notaría con sede en Tizayuca, aun cuando la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo en su artículo 42 indica que “el ejercicio del notariado es incompatible “con los cargos de servidor público en la Administración Pública, de los órdenes de Gobierno Municipal, Estatal o Federal (…) en los Poderes Judiciales; en los de Organismos Electorales y de dirigencia en los Partidos Políticos.
A MÁS DE 20 AÑOS
Entre 49 magistrados cuyo registro contiene el TSJEH y que encabezaron el organismo en Hidalgo hace más de 20 años se encuentra Juan Manuel Sepúlveda Fayad, quien además de tener una notaría, es exalcalde de Pachuca, fue secretario general de gobierno de Hidalgo y diputado federal de la LVIII Legislatura.
Aunque en 2014 cuando se desempeñó como procurador de Justicia reconoció que los índices delictivos en Hidalgo incrementaron en un 10 por ciento, situación que justificó por la colindancia con el Estado de México.
Heriberto Pfeiffer Cruz falleció a finales de diciembre de 2017, pero en 1993 fue magistrado del Tribunal; aunque el sexenio del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto le autorizó el 1 de enero de 2011 la reubicación de su notaria al distrito judicial de Tizayuca; esto, a través de un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
El sexenio consiguiente, el ex titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Osorio Chong emitió un acuerdo en el cual le concedió pensión vitalicia a cuatro magistrados: Arturo Reyes Monterrubio; Tufic Habib Karam, Silva Vergara Llano, Andrés García Montaño y Alfredo Olguín Hernández; por lo que incluso la Secretaría de Finanzas tuvo que considerar la partida en los presupuestos de egresos consiguientes.
ANTECEDENTES
El numeral 26 de la Constitución Política de Hidalgo, establece que el Estado se divide a través de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, este último conformado por un Tribunal Superior de Justicia, Jueces del Fuero Común y un Tribunal de Justicia Administrativa.
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Los primeros integrantes del Tribunal Superior del Estado fueron nombrados a través de un decreto que data del 5 de julio de 1869, mediante el cual el entonces gobernador de Hidalgo, Antonio Tagle designó a siete magistrados.
Francisco de A. Osorio, Juan Benavides, Modesto Herrera, Lino Beltrán, Francisco Bulman, Pedro Montes de Oca y Mariano Botello, mediante aquel decreto fueron llamados a tomar posesión de su cargo 10 días después de que el decreto fue emitido.
Actualmente y de acuerdo con el artículo 95 de la constitución estatal, para ser magistrado del Poder Judicial se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento e hidalguense; contar cuando menos con treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, un título profesional de Licenciado en Derecho y de manera adicional “gozar de buena reputación”.