Últimamente se ha vuelto frecuente escuchar afirmaciones categóricas sobre el supuesto incremento de las denuncias falsas. En redes sociales, en medios de comunicación e incluso en algunos espacios públicos, se repite con ligereza una idea que, más allá de la polémica que genera, merece una profunda reflexión jurídica: ¿cuándo puede afirmarse en realidad, que una denuncia es falsa?
La respuesta no es menor. En un Estado de derecho las palabras importan, porque también construyen percepciones sociales y pueden influir en el acceso a la justicia. Calificar una denuncia como “falsa” sin que exista una resolución firme que así lo determine no solo resulta jurídicamente incorrecto, sino que puede convertirse en un mecanismo de deslegitimación para quienes acuden a las instituciones en busca de protección.
Es indispensable distinguir entre una denuncia deliberadamente inventada y una denuncia que, por diversas razones, no culmina con una sentencia condenatoria. La ausencia de pruebas suficientes, la imposibilidad de acreditar los hechos más allá de toda duda razonable, la prescripción de la acción penal, la retractación de testigos o incluso las deficiencias en la investigación ministerial no transforman automáticamente una denuncia en falsa. Lo único que demuestran es que el sistema no alcanzó el estándar probatorio exigido para emitir una condena.
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Confundir estos escenarios genera un grave problema. Si cada carpeta de investigación archivada, cada sobreseimiento o cada absolución se interpreta como prueba de una denuncia falsa, se envía un mensaje peligroso a la sociedad: denunciar puede convertirse en un acto que, además de doloroso, implique el riesgo de ser estigmatizado o señalado como mentiroso.
El daño trasciende a las personas involucradas. También erosiona la confianza en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Las víctimas potenciales pueden optar por guardar silencio ante el temor de no ser creídas, mientras que la opinión pública comienza a construir narrativas basadas más en percepciones que en evidencia.
Por supuesto, las denuncias dolosamente falsas existen y deben investigarse y sancionarse cuando se acrediten conforme a derecho. Presentar una denuncia con pleno conocimiento de que los hechos nunca ocurrieron constituye una conducta reprochable que puede afectar gravemente la libertad, el patrimonio y el honor de terceros, además de distraer recursos públicos destinados a investigar delitos reales. Sin embargo, precisamente por la gravedad de esa acusación, no puede presumirse; debe probarse mediante el debido proceso.
En México, además, existe otro dato que obliga a la prudencia. La llamada “cifra negra” revela que la gran mayoría de los delitos no se denuncian por desconfianza en las autoridades, miedo a represalias o percepción de que no ocurrirá nada. En ese contexto, insistir sin fundamento en que las denuncias falsas son un fenómeno generalizado puede tener un efecto inhibidor aún mayor sobre quienes ya dudan en acudir ante la autoridad.
La justicia no puede construirse sobre afirmaciones sin sustento estadístico. Necesitamos un debate público serio, basado en evidencia y en conceptos jurídicos precisos. Defender la presunción de inocencia del denunciado es tan importante como proteger el derecho de las víctimas a denunciar sin ser descalificadas de antemano. Ambos principios pueden y deben coexistir.
La fortaleza del sistema de justicia no radica en creer automáticamente a una de las partes, sino en investigar con objetividad, respetar el debido proceso y permitir que sean las pruebas —y no las etiquetas— las que conduzcan a la verdad jurídica. Solo así evitaremos que la expresión “denuncia falsa” deje de ser una categoría legal para convertirse en un prejuicio social con consecuencias irreparables.
Violeta Sosa Zamora, columnista de LSR Hidalgo.