Si algunas personas te despojan de tu patrimonio y una vez que acudes con el ministerio público sin preguntarte ni avisarte, la fiscalía decide ya no seguir con tu asunto y se desiste de la acción penal generando que el acusado quede libre ¿crees que se estén violentando tus derechos? Claro que sí!
El Máximo Tribunal del país conoció de un asunto donde varias personas fueron acusadas de despojo en perjuicio de una empresa en Chiapas y el ministerio público decidió desistirse de la acción penal sin consultar con la parte ofendida, lo que autorizó un juez, pero la Suprema Corte estableció que las víctimas tienen derecho a ser notificadas cuando la fiscalía pretende desistirse de la acción penal, a participar en la audiencia donde se solicite ese desistimiento, expresar sus argumentos, objeciones e inconformidad.
Lo anterior, atendiendo al derecho constitucional previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Carta Magna, que reconoce el derecho de las víctimas a que las decisiones del ministerio público sean sometidas a control judicial, especialmente cuando pueden poner fin al proceso.
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La Corte también estableció que el juez debe analizar si las argumentaciones expuestas por el Ministerio Público para desistirse son válidas y cuentan con justificación razonable, ya que no puede simplemente autorizar el desistimiento porque sí. Debe verificar que existan motivos legítimos, porque el ministerio público es representante del interés social en que se persigan los delitos. Y ese interés incluye, sobre todo, el interés de las víctimas en obtener justicia.
Pero como siempre, el problema no es solo tener el criterio, sino que se respete porque ya se encuentra en la ley.
Este es un avance importante en la protección de derechos de las víctimas en el proceso penal. Porque durante décadas el sistema estuvo diseñado pensando en el imputado y en el Estado, pero olvidando sistemáticamente a quien sufrió el delito.
Esta resolución de la Suprema Corte les da herramientas a las víctimas para no ser espectadoras pasivas sino participantes activas en su propia búsqueda de justicia. No es mucho, pero en un sistema donde las víctimas han sido históricamente invisibilizadas, es un paso importante y corresponde a todos los involucrados cumplir con las disposiciones que se encuentra plasmadas en la ley.
Violeta Sosa Zamora, columnista LSR Hidalgo.