El próximo 1 de junio, México vivirá una jornada electoral inédita: por primera vez, los ciudadanos elegiremos a jueces y magistrados del Poder Judicial mediante voto popular. Esta reforma, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y respaldada por la mayoría legislativa de Morena, busca democratizar la justicia, abrir las puertas de un poder históricamente hermético y acercarlo al pueblo. Pero como toda transformación profunda, la reforma también abre un abanico de incertidumbres.
La elección abarcará 881 cargos judiciales, entre ellos ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. Aunque el objetivo de hacer más transparente y accesible el Poder Judicial es legítimo y urgente, diversos especialistas han señalado riesgos. Un informe del Observatorio Electoral Judicial advierte que solo el 4.1% de los más de 3,000 aspirantes tiene posibilidades reales de ser electo, lo que sugiere que, lejos de democratizar, podríamos estar trasladando las cuotas políticas de un escritorio partidista a las boletas. La complejidad del proceso, la falta de información clara sobre los candidatos y la posible captura política son alertas que no pueden ignorarse.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) ha expresado su preocupación por la independencia judicial, que podría verse comprometida si los jueces, en lugar de responder a la Constitución, comienzan a responder a intereses electorales. Ningún país con la complejidad de México ha sometido su Poder Judicial a elección directa en estas proporciones, lo que convierte este proceso en un experimento de consecuencias aún imprevisibles.
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Sin embargo, sería un error desechar la reforma sin matices. Representa, al menos en su espíritu, una apertura. Por primera vez, los ciudadanos de a pie podemos opinar sobre quién debe impartir justicia. Es un avance que, como todo en democracia, puede y debe ser perfeccionado. El sistema de selección podría evolucionar, los mecanismos de información mejorarse, los filtros éticos y profesionales reforzarse. La clave está en no confundir apertura con improvisación, ni participación con manipulación.
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Lo más importante, al final del día, no es defender o rechazar una reforma desde trincheras ideológicas, sino velar por el bienestar de México. El sistema judicial necesita renovarse, pero también blindarse frente al oportunismo y la captura de poder. Y hoy, más que nunca, nuestra obligación es participar.
No votar no es una protesta, es una renuncia. En este momento decisivo, debemos informarnos, reflexionar y votar. No porque confiemos ciegamente en el sistema, sino precisamente porque queremos transformarlo. ¡Que nadie hable en nuestro nombre!
José Luis Lima González, columnista de LSR Hidalgo. X: @pplimaa