El reciente feminicidio y homicidio múltiple ocurrido en Mineral de la Reforma, Hidalgo, a manos de un ex policía municipal, es una muestra escalofriante de la crisis de seguridad y justicia que azota a nuestro estado. Marco Antonio Morales González, quien asesinó brutalmente a su pareja Rosaura "N" y a los padres de ella en su domicilio de Azoyatla, había sido liberado previamente por decisión judicial, a pesar de las advertencias de la víctima sobre el peligro que representaba. Éste crimen, que también dejó a un menor de edad herido, pudo y debió ser evitado.
Es inadmisible que una jueza haya permitido que el ex elemento municipal, enfrentara su proceso en libertad tras haber sido detenido por violencia intrafamiliar y privación ilegal de la libertad contra Rosaura "N". Esta decisión irresponsable permitió que el agresor continuara su espiral de violencia hasta desembocar en una tragedia. ¿Cuántas veces más veremos que las instituciones fallan en proteger a quienes más lo necesitan?
El hecho de que un ex agente de la policía municipal, cuya función debía ser proteger a la ciudadanía, haya cometido un crimen tan atroz, también cuestiona los procesos de selección, supervisión y control de los cuerpos de seguridad. Además, su posterior empleo como custodio en una empresa privada pone en duda los filtros y regulaciones en la contratación de personal con antecedentes violentos.
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Los familiares y amigos de Rosaura "N" han manifestado su indignación, y con razón. Es evidente que las instituciones encargadas de impartir justicia y proteger a las víctimas de violencia de género han fracasado estrepitosamente. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ha logrado la vinculación a proceso de Morales González, pero eso no resuelve la negligencia previa que permitió este crimen.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales para que refuercen las políticas de seguridad y prevención de la violencia de género. Se deben revisar y reformar los protocolos judiciales que permiten la liberación de agresores reincidentes, así como fortalecer la supervisión de los elementos de seguridad que han sido separados de sus cargos. No podemos seguir permitiendo que la impunidad y la indiferencia sigan cobrando vidas inocentes.
Las víctimas de violencia en Hidalgo no pueden seguir siendo ignoradas. Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen con la urgencia que la crisis amerita. Basta de fallas judiciales, basta de omisiones, basta de violencia.
Octavio Magaña Soto, columnista LSR Hidalgo. X: @tavomaganamx