El proceso por el feminicidio de Araceli Cuevas Hernández avanzó a la etapa de juicio oral, luego de que el pasado 16 de junio se llevase a cabo la audiencia intermedia contra J. V. G., expareja de la víctima y señalado dentro de la causa penal.
De acuerdo con la información compartida por familiares, en la audiencia no fueron desechadas las pruebas presentadas contra el imputado, quien fue vinculado a proceso en octubre de 2025. Para la familia de Araceli, este avance representa un paso relevante después de más de dos años de insistir para que la carpeta fuera judicializada como feminicidio.
Petra, hermana de Araceli y uno de los principales testimonios dentro del caso, señaló que la familia mantiene la expectativa de que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y alcanzar justicia. Durante este tiempo, sus familiares han denunciado que enfrentaron obstáculos, retrasos y actos de revictimización por parte de distintas instancias.
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El caso ha sido acompañado por familiares, colectivas y personas cercanas a Araceli, quienes la han recordado en marchas del 8 de marzo en Pachuca y en distintos momentos del proceso. Para ellas, mantener su nombre presente ha sido una forma de exigir que la investigación avance con perspectiva de género y que no quede impune.
La próxima semana está previsto que se lleve a cabo el juicio oral contra J. V. G. En esa etapa se desahogarán testimonios, se revisarán las pruebas admitidas y se determinará si el imputado es responsable o no del feminicidio. En caso de que sea declarado culpable, posteriormente se realizará una audiencia para definir la sentencia correspondiente.
Un proceso señalado por retrasos y omisiones
El feminicidio de Araceli ocurrió en marzo de 2023. Desde entonces, sus familiares han sostenido que el caso enfrentó retrasos y omisiones que complicaron el acceso a la justicia.
De acuerdo con el relato de la familia, el 2 de marzo de ese año la pareja de Araceli avisó que ella supuestamente se encontraba mal de salud. Al llegar al domicilio, sus familiares la encontraron en condiciones graves y sin atención médica oportuna. Posteriormente, en el hospital les informaron que presentaba signos vitales débiles y que requería ser intubada.
La familia ha señalado que un día antes, el 1 de marzo, Araceli habría tenido una discusión con su pareja. Después de ese episodio, permaneció en estado delicado durante varias horas sin recibir ayuda médica a tiempo. Ocho días después, el 9 de marzo, murió a causa de las lesiones.
A partir de entonces, sus familiares comenzaron a gestionar oficios, reuniones y peticiones ante autoridades estatales, entre ellas la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), el despacho del gobernador y el DIF Hidalgo, con la petición de que el caso fuera investigado como feminicidio y con sensibilidad hacia la familia.
Entre los señalamientos hechos por sus familiares se encuentran retrasos en la revisión del teléfono celular de Araceli, falta de análisis oportuno de posibles evidencias y desconocimiento de algunos funcionarios sobre el contenido de la carpeta de investigación.
También denunciaron que hubo deficiencias en el seguimiento de pruebas y reportes, además de notificaciones realizadas con poco margen de tiempo para asistir a audiencias. Para la familia, estas situaciones representaron una forma de desgaste emocional y revictimización durante el proceso.
A más de dos años de los hechos, la familia Cuevas Hernández continúa exigiendo que el caso sea atendido con perspectiva de género, sin omisiones y sin prácticas que vuelvan a colocar sobre ellas la carga del proceso. También han pedido que tanto la PGJEH como el Centro de Justicia para las Mujeres actúen con mayor sensibilidad, especialmente en casos donde las familias ya enfrentan el duelo y, al mismo tiempo, deben insistir para que las investigaciones avancen.
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