La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Ana Karen Parra Bonilla, señaló que ni los manifestantes ni los elementos de seguridad pública deben ser criminalizados por los hechos ocurridos durante la reciente protesta de trabajadores del ISSSTE en Pachuca, donde se reportaron confrontaciones entre inconformes y policías estatales.
Al ser cuestionada sobre las actuaciones policiales registradas durante la movilización, la ombudsperson informó que la Comisión inició un cuaderno de antecedentes que posteriormente escaló a una queja de oficio para investigar posibles violaciones a derechos humanos.
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Indicó que la institución mantiene disposición para capacitar a las corporaciones de seguridad y fortalecer los protocolos de actuación durante manifestaciones públicas, con el objetivo de prevenir actos de violencia.
“La libertad de expresión y las manifestaciones no deben criminalizarse. Tampoco los policías pueden ser criminalizados, porque cada uno desempeña una función específica. Lo que buscamos es analizar hasta dónde llegan los derechos y obligaciones de cada parte”, expresó.
Añadió que la Comisión buscará nuevas mesas de diálogo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal para revisar criterios de intervención y reforzar los mecanismos de protección de derechos humanos durante protestas sociales.
Respecto a las denuncias de los manifestantes sobre una presunta falta de acompañamiento institucional, aseguró que personal de la CDHEH estuvo presente en la protesta, notificó los números de expediente correspondientes y brindó orientación a quienes decidan presentar quejas particulares.
En cuanto a los periodistas que resultaron afectados durante la cobertura de la manifestación, señaló que hasta el momento ninguno se ha acercado formalmente a la Comisión, aunque reiteró que las puertas de la institución permanecen abiertas para recibir y atender cualquier denuncia.
RECOMENDACIÓN CONTRA ALCALDE DE EPAZOYUCAN
En otro tema, la titular de la CDHEH informó que la recomendación emitida contra el presidente municipal de Epazoyucan ya fue aceptada por el Congreso local y actualmente se encuentra en la etapa de cumplimiento.
Explicó que corresponde a la autoridad señalada como responsable atender los puntos recomendatorios y que la Comisión dará seguimiento al proceso para verificar que las medidas se ejecuten en tiempo y forma.
“Lo que falta es el cumplimiento y deberemos ser muy responsables en que se cumpla”, señaló.
Asimismo, advirtió que, en caso de incumplimiento, la Comisión recurrirá a los mecanismos legales disponibles, tal como ocurrió con administraciones municipales anteriores.
magr