Pachuca.- "La extorsión es considerada una fuente creciente de financiamiento para grupos criminales", señala el estudio denominado La otra vía, análisis de políticas municipales de seguridad pública 2021-2024. En este señala es posible identificar en diferentes expresiones como el cobro de piso, el cobro de paso o la extorsión telefónica, las acciones que afectan a empresas y diversos sectores de la sociedad.
En el análisis publicado por México Evalúa se pudo comprobar, la extorsión ganó territorio con rapidez en al menos 18 ciudades capitales del país, con incrementos notables. Guanajuato reportó el mayor número con 481.8%. Entre los 10 municipios que superaron la tasa nacional (9 extorsiones por cada 100,000 habitantes), destacan además, Chilpancingo, Guerrero.; La Paz, Baja California Sur.; Querétaro, Querétaro; Monterrey, Nuevo León y Pachuca, Hidalgo.
En cuanto a la capital hidalguense respecta, el panorama en materia de seguridad pública representa un tema para poner la mira. De acuerdo con México Evalúa, Pachuca registró un incremento de 353.4 por ciento en el delito de extorsión entre el periodo observado (2021-2024), correspondiente a la administración municipal encabezada por Sergio Baños Rubio.
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Cabe mencionar, Sergio Baños, quien es licenciado en ingeniería industrial, ganó la elección siendo candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) frente a la coalición Morena-PVEM-PT-PES con un margen de victoria de 2.4%.
Extorsión se dispara 353% en 3 años
El aumento de 353 por ciento, coloca a Pachuca como la tercera capital del país con mayor crecimiento en este ilícito, solo por debajo de Guanajuato (481.8%) y Saltillo (373.2%). El informe advierte que la tendencia refleja una vulnerabilidad creciente para ciudadanos y empresas, quienes se han convertido en blanco de amenazas y cobros ilegales.
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México Evalúa analizó la evolución de distintos delitos en las principales ciudades del país. En el caso de Pachuca, además de la extorsión, se detectaron incrementos en secuestro (181.45%) y feminicidio (17.3%), lo que evidencia un deterioro en la seguridad local.
El estudio “La otra vía. Análisis de políticas municipales de seguridad pública, 2021-2024”, subraya que la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social, pues afecta tanto a familias como a negocios, generando miedo y pérdidas económicas.
En Pachuca, empresarios han denunciado prácticas recurrentes de amenazas vía telefónica y mensajes digitales, así como exigencias de pago para permitir la operación de comercios.
Acciones de prevención y combate a la delincuencia
El análisis publicado detalla durante la administración de Sergio Baños, se implementaron 78 políticas orientadas a la prevención del delito, 48 de orden penal y 30 no penales. Las cuales pudieron contener el aumento en otros delitos.
Entre las políticas penales orientadas al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia mencionan: capacitaciones sobre el uso de nuevas tecnologías, compra de equipo y uniformes, así como la transición del C2 al C4, entre otras. Sobre las políticas preventivas no penales de tipo situacional destacan la colocación de cámaras, alarmas vecinales y operativos para la liberación de espacios públicos (operativos rastrillos y recolección de chatarra).
Aunque se observa algunos de los delitos de alto impacto como narcomenudeo, homicidio doloso, robo de vehículos, robo de negocios se mantuvieron por debajo del promedio nacional; destacan también existen señalamientos de una importante extracción ilegal de hidrocarburos en la entidad y en la capital.
¿Qué sigue?
Organismos empresariales como la Coparmex Hidalgo han alertado sobre el incremento de extorsiones en municipios como Pachuca y Tizayuca, que ya figuran entre los 20 más afectados del país. Según sus reportes, la tasa de extorsión en la capital hidalguense alcanzó 26.8 casos por cada 100,000 habitantes en 2025, ubicándose en la posición 14 a nivel nacional.
Este panorama genera preocupación en el sector privado, que advierte sobre el impacto en la inversión y la generación de empleos. Además, especialistas señalan que la falta de denuncias formales, por miedo a represalias o desconfianza en las autoridades, contribuye a que el delito se mantenga en ascenso.
El informe de México Evalúa plantea la necesidad de fortalecer las políticas municipales de seguridad, mejorar la coordinación con autoridades estatales y federales, y garantizar mecanismos de denuncia seguros para las víctimas.
Asimismo, recomienda impulsar estrategias de prevención y cultura de legalidad, pues la extorsión no solo afecta la economía local, sino también la percepción ciudadana sobre la capacidad institucional para protegerlos.
La capital hidalguense
El estudio revela, en Pachuca, la movilidad residencial es de 70% (609.2) superior al promedio nacional (358.1), lo que sugiere un bajo grado de compromiso y arraigo. Adicionalmente, su densidad poblacional (2039.8) representa casi el 47% del promedio (4366.9), "lo que evidencia una vastedad de espacios para la actividad delictiva".
Un 28.2% de su población vive en condiciones de pobreza (el promedio es de 29.8%) y su volumen poblacional de hombres jóvenes (598.6) está sólo un poco por debajo del promedio (604). Por ello, apuntan, "hay pocos incentivos por ingreso para incurrir en actividades criminales, pero existen problemas en el hogar que fungen como motores para la actividad delictiva".
Detallan, Pachuca cuenta con 20 agencias gubernamentales, 3 menos que el promedio. Además, con 722 personas funcionarias, 59 unidades administrativas, 170 personas capacitadas en materia de prácticas anti corrupción y casi nula participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas (1%).
jgp