Pachuca.— El Gobierno de México publicó un decreto mediante el cual expropia 47.54 hectáreas de agostadero y temporal del ejido San Antonio el Desmonte, en Pachuca de Soto, Hidalgo, a favor del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS). La medida tiene como objetivo avanzar en el Programa masivo de escrituración de casas y regularizar asentamientos urbanos instalados desde hace años en esa zona.
De acuerdo con el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó la indemnización total en 5 millones 241 mil 275 pesos.
¿Cuánto pagará el gobierno por cada hectárea?
La superficie expropiada es exactamente 47.5458 hectáreas y el monto por cubrir a los ejidatarios es de 5 millones 241 mil 2757 pesos, lo que arroja que por cada hectárea se pagarán 110 mil 236.36 pesos y de 11.02 pesos por cada metro cuadrado.
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Lo anterior, arroja que una hectárea del ejido de San Antonio el Desmonte, ubicada a la orilla de la autopista México-Pachuca fue valuada en 110 mil pesos, el equivalente a lo que cuesta un terreno residencial de 90 metros cuadrados en algunas zonas de Pachuca.
Ejidatarios se inconformaron
El comisariado ejidal presentó una inconformidad contra el avalúo, señalando desacuerdo con el monto fijado por Indaabin. Sedatu respondió oficialmente, pero el dictamen se mantuvo. El 8 de septiembre de 2025 emitió dictamen en el que determinó procedente la expropiación.
¿Para qué se usará el terreno?
Según el decreto, el INSUS deberá regularizar y titular los predios ocupados por familias asentadas en la zona, asimismo, podrá vender lotes vacantes a terceros que soliciten un terreno y en su caso donar áreas para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos.
“El destino que se dará a la superficie a expropiar es para la regularización de la tenencia de la tierra, además de incorporar al desarrollo urbano los asentamientos humanos de origen social, lo que evitará la expansión desordenada de los centros urbanos, y permitirá beneficiar a más familias, así como mejorar su calidad de vida al incorporarlas a los programas sociales del Gobierno Federal”, lo cual deja abierta la posibilidad de que sea el programa de vivienda.
El gobierno argumenta que la expropiación permitirá a los posesionarios y ejidatarios que conforman el asentamiento humano irregular, obtener certeza jurídica respecto de su propiedad, elemento detonador para que puedan contar con una vivienda, y se establezcan las condiciones jurídicas que posibiliten incorporar a estas superficies al desarrollo urbano y servicios públicos.
La expropiación tiene un candado
La expropiación sólo podrá ejecutarse una vez que INSUS pague la indemnización completa. Si en cinco años no se cumple la causa de utilidad pública, el FIFONAFE podrá solicitar la reversión del terreno.
sjl