PACHUCA.- Percy Leonardo Espinosa Bustamante, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), denunció la suspensión del servicio médico, acción que atribuye a una “represalia, venganza y escarnio” del edil Sergio Baños Rubio por haberle hecho efectiva una penalización por 8.6 millones de pesos.
“Nos queda claro que, el dejar sin servicio médico a pacientes graves, es una actitud de ‘represalia, venganza y escarnio’ derivado de la obligación de pagar la sanción impuesta y ganada por no cumplir en tiempo y forma el pago del aumento salarial 2017-2020, no es la primera ocasión que sucede que, ante la inconformidad, retire el servicio médico hasta en su totalidad”.
Así lo expresó el líder sindical, quien informó que desde hace más de una semana les fue suspendido el servicio médico de Tercer Nivel en la Clínica de la Cruz Roja Mexicana, ubicada al sur de la capital de Hidalgo.
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“No nos queda duda que esto fue por instrucciones del presidente municipal en un acto de intransigencia que solamente sigue poniendo en alto riesgo la vida de los compañeros trabajadores y sus beneficiarios”, expresó Percy Espinosa.
En el mismo sentido, agregó que los pases para consultas, estudios de gabinete, laboratorio y procedimientos quirúrgicos de especialidades, además de que cuentan con “un importante retraso para ser atendidos”, ahora estos solo pueden ser autorizados por la secretaria de Administración, Gabriela Morales Ríos.
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“Esto ha ocasionado que los compañeros trabajadores acudan de manera particular a recibir el servicio médico; por ende, esto merma su economía en pago por honorarios y medicamentos”, agregó el líder sindical.
Recientemente, dijo Percy Espinosa, hicieron un oficio para el presidente municipal de Pachuca para dejar de lado “esos revanchismos” y respetar y cumplir los señalamientos ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenio OIT, el Decreto 45, y Condiciones Generales de Trabajo.
“En estos preceptos, si bien hablan de derechos, también claramente hablan de obligaciones, las que, a pesar de carecer de seguridad social, materiales, equipo e insumos la clase trabajadora sí cumple”, expresó.
Esta penalización de 8.6 millones de pesos deviene del incumplimiento de pagar en tiempo y forma el retroactivo de 2017-2021, correspondiente a un incremento salarial, heredado por la administración pasada de la exalcaldesa Yolanda Tellería Beltrán.
Es decir, el ayuntamiento de Pachuca tenía de plazo el 15 de agosto de 2022 pasado para concretar este incremento retroactivo salarial. Sin embargo, este lo pagó hasta el 6 de septiembre, por lo que trascurrieron 22 días.
De acuerdo con la cláusula sexta del Convenio de incremento salarial y su efecto retroactivo al 1 de enero de 2017, se establece una pena convencional de “dos días de salario mínimo” de penalización por cada día que transcurra para cada trabajador hasta el pago completo y total del incremento salarial.
sjl