PACHUCA.- La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo detectó 24 personas que estuvieron cobrando en la nómina del ayuntamiento de Pachuca durante la administración de la entonces alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, pero nunca fueron localizados en sus espacios de trabajo.
Pese a ello, de 2018 a 2019, se les destinaron 5 millones 482 mil 598 pesos, es decir, 228 mil 441 pesos a cada uno, por lo que se concluyó que dicho recurso no fue administrado con transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con el oficio SC/DGCI/DJ/430/2022, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Combate a la Impunidad de la Contraloría del estado informó a la representación legal del municipio de Pachuca los resultados del dictamen DGCC-1373/2022 sobre la auditoría HGO/DGAG/48/2019/PACHUCADESOTO.
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El oficio fue suscrito por Ahtziri Janeth Palafox Murga, titular de la Dirección General de Combate a la Impunidad y signado a Liliana Mera Curiel, síndica Procuradora Jurídica Municipal de Pachuca, con fecha del 27 de octubre de este año, cuya copia tiene este medio de comunicación.
En la cédula de observaciones, se señala en el documento, se detectaron las irregularidades que 24 personas no se localizaron en las instalaciones de la presidencia Municipal de Pachuca.
“Esto pese a que fueron contratadas bajo la modalidad de contrato y nómina, con el cargo de asesores de los integrantes de la H. Asamblea Municipal de Pachuca durante el ejercicio 2018 y 2019, donde se describen los importes percibidos por el personal no localizado”, señala.
Los nombres
De la revisión física al personal de la presidencia municipal de Pachuca, contratados con fondos de Recursos Fiscales (REFIS) y Participación por la Recaudación del ISR Enterado a la Federación (ISR) de los ejercicios fiscales 2018 y 2019, se detectó pagos realizados a las 24 personas que no fueron localizadas en sus centros de trabajo.
Estas personas son: Ana Karen Cerón Martínez, Moisés Chávez Ruiz, José Carlos Sosa Ozumbilla, Carmina Orozco García; Fernando González Sánchez, José Edgar Franco Gómez, Adamary Avilés López, Alejandro Islas Vargas, Karen Guadalupe Paz Carrasco y José Alberto Delgadillo Medina.
También, Alejandro Mohedano Romero, Fabiola Juárez Baltazar, Jaime Romero San Vicente, José Portillo German, Elías Emmanuel Téllez Palma, Delia Vargas Cerón, Esteban Ibarra Martínez, Berenice Fragoso Islas, Edgar Sánchez Sánchez, Gerardo Reyes Serrano, Ana Lilia Oropeza González, Luis Ángel Islas Hernández, Enrique Castillo Torres y Adán Hernández Ferrusquia.
El oficio girado a la síndica es para que inicie con los procedimientos correspondientes, es decir, denuncias administrativas y penales por las acciones y omisiones, toda vez que el hecho contraviene a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en razón que cita lo siguiente:
“Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, señala el oficio.
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