Santiago Tulantepec.— La Colectiva Feminista Mujeres del Tule denunció dilación y falta de perspectiva de género del Poder Judicial de Hidalgo en el juicio oral por el feminicidio de tres jóvenes ocurrido en julio de 2024 en Santiago Tulantepec.
Detalló que el Tribunal de Enjuiciamiento desechó tres testimonios que habían sido propuestos originalmente por los asesores jurídicos de las víctimas indirectas para sostener la acusación en contra de tres imputados.
Acusó que los testimonios fueron eliminados debido a la incapacidad o desinterés de las autoridades para garantizar la comparecencia de los declarantes, situación que calificó como una “muestra de las fallas estructurales del sistema de justicia”.
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Uno de los casos señalados por la colectiva es el de Mónica Sepúlveda, madre de una de las jóvenes y reconocida legalmente como víctima indirecta. La mujer reside en Tijuana, Baja California; según lo expuesto por la colectiva, durante las últimas audiencias no fue posible establecer comunicación con ella, no respondió a los citatorios y tampoco compareció, aun cuando la ley contempla la posibilidad de hacerlo de manera virtual.
“Frente a este escenario, un tribunal con perspectiva de género habría reconocido la vulnerabilidad extrema de una madre víctima indirecta de feminicidio, pero en lugar de protegerla e investigar su silencio, los jueces optaron por la salida burocrática: borrar su testimonio del juicio. Aunque legalmente conserva su calidad de víctima indirecta en el proceso, su versión de los hechos ya no será tomada en cuenta para la sentencia”.
El segundo testimonio desechado corresponde a una agente pericial en activo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien participó en el manejo y procesamiento de evidencias relevantes cuando ocurrieron los hechos.
La colectiva indicó que la funcionaria tiene un domicilio registrado en la Ciudad de México y que, ante sus reiteradas inasistencias, el Tribunal de Enjuiciamiento había autorizado al Ministerio Público hacer uso de la fuerza pública para presentarla a declarar; sin embargo, no lograron localizarla.
“Resulta inadmisible y absurdo que el propio aparato de justicia argumente que ‘no puede localizar’ a una funcionaria pública que trabaja para la misma institución, de quien poseen registros de nómina, adscripción y funciones diarias. El abogado defensor de los imputados aprovechó esta flagrante ineficacia para presionar al tribunal, argumentando que el proceso ha sido demasiado largo (casi un año en fase de debate) y que el Estado tuvo tiempo de sobra para presentarla. El tribunal cedió ante la defensa de los acusados y desechó a la perito”.
El tercer desistimiento, considerado por la colectiva como el más grave, involucra a un testigo menor de edad que la propia investigación había catalogado como una pieza clave debido al conocimiento que tendría de los hechos y a su presunto vínculo con uno de los acusados.
El próximo 11 de agosto vence el plazo máximo constitucional de dos años de prisión preventiva impuesto a los tres imputados; la legislación mexicana prohíbe mantener a una persona en prisión preventiva por más de ese periodo sin sentencia.
En este sentido, integrantes de la Colectiva Feminista advirtió que, si el Tribunal de Enjuiciamiento no emite una sentencia condenatoria firme antes de esa fecha, los acusados podrían solicitar el cambio de su medida cautelar.
“Con todo esto que está sucediendo queremos reiterar a las familias de las víctimas que no están solas, no los soltamos y seguimos de la mano de ustedes. Ante la inacción y los titubeos del Estado, las mujeres organizadas sostenemos la memoria”.
sjl