Pachuca.— La Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI) trabaja en la revisión de alrededor de 70 expedientes de personas indígenas privadas de la libertad que podrían acceder a un proceso de excarcelación, informó su titular, Prisco Manuel Gutiérrez, quien precisó que los primeros casos podrían concretarse antes de que concluya el año.
Explicó que el análisis contempla a personas sentenciadas, en su mayoría por delitos del fuero común, cuyos expedientes presentan características que podrían hacerlas susceptibles de obtener su libertad, ya sea porque se trata de delitos no graves, porque ya cumplieron una parte importante de su condena, por problemas severos de salud o debido a posibles irregularidades durante el debido proceso.
Prisco Manuel Gutiérrez detalló que la identificación de estos casos se ha realizado durante aproximadamente un año y se desarrolla en coordinación con el Instituto Federal de la Defensoría Pública.
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Aclaró que no todos los expedientes revisados concluirán con una excarcelación, ya que cada caso debe ser analizado de manera individual.
“La gran mayoría, más del 95 por ciento, son personas ya sentenciadas”, señaló. Asimismo, indicó que alrededor del 90 por ciento de los expedientes corresponden a hombres.
El titular de la CEDSPI explicó que el tiempo para resolver cada caso puede variar entre tres meses y un año, dependiendo de las circunstancias jurídicas y personales de cada persona privada de la libertad.
Indicó que algunos expedientes corresponden a personas que presentan enfermedades graves y que incluso ya cumplieron más de la mitad de su sentencia, situación detectada particularmente en centros penitenciarios Jaltocán y Tenango de Doria.
También existen casos relacionados con delitos graves, como la privación de la vida, los cuales no son susceptibles de este procedimiento.
“Lo importante es garantizar el respeto a los derechos humanos sin afectar los derechos de las víctimas y sus familias”, expresó.
Más intérpretes para garantizar el debido proceso
Respecto al acceso a la justicia, Prisco Manuel Gutiérrez informó que la CEDSPI cuenta con alrededor de 235 intérpretes de lenguas indígenas que son asignados a juzgados y ministerios públicos cuando se requiere.
El funcionario hizo el exhorto a hablantes de lenguas originarias para certificarse como intérpretes, ya que de esa manera se fortalecer la defensa de los derechos de los pueblos indígenas; mencionó que esta actividad representa una fuente adicional de ingresos, ya que reciben mil 700 pesos por cada sesión judicial en la que participan.
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