Pachuca.— Dos hombres que simularon ser los administradores de un salón de eventos en Pachuca fueron sentenciados a nueve años de prisión por el delito de asalto agravado, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento acreditó que sometieron con violencia a tres trabajadores para apoderarse de un vehículo cargado con equipo de producción de espectáculos.
Los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2024 en un salón de fiestas ubicado en Pachuca, cuando tres personas ingresaron para descargar una pantalla LED, pista de baile, templete y otros equipos transportados en una camioneta Nissan de caja seca.
Mientras las personas que proveían el servicio realizaban maniobras de descarga, los agresores las sorprendieron y las amagaron con una pistola calibre 9 milímetros.
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Los trabajadores fueron obligados a tirarse al piso, les ataron los pies y manos con cinchos de plástico, les vendaron los ojos y amordazaron con cinta adhesiva gris. Además, les quitaron sus teléfonos celulares para evitar que solicitaran ayuda, mientras los ladrones tomaron el control de la camioneta y del equipo de producción.
El plan, sin embargo, se frustró por una llamada de emergencia al 911 realizada por la propietaria del inmueble, quien fue alertada por otro proveedor. Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar cuando uno de los implicados salía del salón con el arma de fuego en la mano y una mochila que contenía los celulares robados, mientras su cómplice ya se encontraba al volante de la camioneta con la intención de abandonar el sitio. La intervención permitió rescatar a las víctimas y detener a los asaltantes en flagrancia.
Durante el juicio, el Tribunal consideró acreditado el delito de asalto agravado y condenó a cada uno de los responsables a nueve años de prisión y al pago de una multa. No obstante, ambos fueron absueltos del delito de robo en grado de tentativa porque los jueces determinaron que, en realidad, el apoderamiento del vehículo y del equipo ya se había consumado; sin embargo, la Fiscalía únicamente formuló acusación por tentativa y no solicitó reclasificar el delito, por lo que el Tribunal no podía modificar la acusación sin vulnerar el debido proceso.
La sentencia también ordenó que los responsables reparen el daño de manera solidaria y que las víctimas reciban atención psicológica especializada debido a las afectaciones físicas y emocionales derivadas de la violencia con la que fueron sometidas durante el asalto.
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