Pachuca.— La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) confirmó que la muerte del alcalde de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, ocurrida el 26 de diciembre de 2025, fue consecuencia de un accidente automovilístico y que no existe delito que perseguir, por lo que la carpeta de investigación quedó concluida.
El encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, informó que los peritajes practicados a la camioneta en la que viajaba el edil confirmaron que la unidad, una Chevrolet Tahoe 2026 blindada, no contaba con bolsas de aire en la parte trasera debido a las modificaciones realizadas durante el proceso de blindaje.
Precisó que, tras las investigaciones, la familia del alcalde otorgó el perdón a la empresa responsable del blindaje, por lo que la carpeta relacionada con una posible responsabilidad derivada de las condiciones de la camioneta fue cerrada y el vehículo ya fue devuelto a la compañía.
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Agregó que entre la empresa y los familiares existe un asunto de carácter mercantil, pero aclaró que ese procedimiento no corresponde al ámbito penal.
Fernández Hasbun insistió en que todos los dictámenes periciales, incluida la mecánica de hechos, concluyeron que el percance fue un accidente vial.
"Fue un accidente, un lamentable accidente. No fue provocado", enfatizó, al descartar que exista alguna línea de investigación por homicidio o por un presunto atentado.
Cabe recordar que tras el fallecimiento del presidente municipal surgieron versiones que ponían en duda que se tratara de un accidente. Las especulaciones cobraron fuerza porque semanas antes el propio alcalde había denunciado una presunta persecución por parte de hombres armados, además de que la camioneta blindada había sido adquirida pocos días antes del percance.
Sin embargo, dichas versiones nunca fueron acreditadas por las investigaciones oficiales. Incluso, en distintos momentos también circuló la versión de que la compra de una camioneta blindada de alta gama habría sido justificada por ese supuesto riesgo a la seguridad del alcalde, aunque esa hipótesis tampoco fue comprobada por las autoridades.
De acuerdo con la PGJEH, al no encontrarse elementos que acreditaran la comisión de un delito y tras el perdón otorgado por la familia a la empresa blindadora, el caso quedó definitivamente cerrado para la institución.
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