Pachuca.- "Colgué ese saco político... no tengo ninguna intención política", afirmó el magistrado José Ramón Amieva Gálvez tras asegurar que concluirá su periodo como magistrado y dejará atrás la política.
El magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva Gálvez, afirmó que su etapa en la política quedó atrás y aseguró que su intención es concluir el periodo de 15 años para el que fue nombrado, dedicándose exclusivamente a la impartición de justicia administrativa.
En entrevista, Amieva Gálvez señaló que únicamente asumió un papel político cuando fue candidato a presidente municipal y que, tras su designación como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo y posteriormente su nombramiento en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, decidió cerrar ese capítulo.
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"En ese momento colgué ese saco político", expresó al ser cuestionado sobre si aún mantiene aspiraciones en ese ámbito.
Ante la pregunta de si esa decisión es definitiva, respondió que no tiene intención de regresar a la actividad política.
"Sí, ahí lo vamos a dejar. No tengo ninguna intención política. De verdad que aprecio mucho la oportunidad que me han dado de estar trabajando en la justicia administrativa y me voy a dedicar a ella", sostuvo.
El magistrado recordó que su nombramiento en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una duración de 15 años y comentó que aún no cumple el primero, por lo que su objetivo es concluir ese periodo.
"Todavía no cumplo uno. Entonces todavía, yo espero salir ya retirado de toda actividad pública", afirmó.
Durante la entrevista, Amieva también explicó que su labor se concentra en la resolución de controversias relacionadas con actos de autoridades federales, entre ellas asuntos fiscales, responsabilidades administrativas de servidores públicos y casos de responsabilidad patrimonial del Estado.
Indicó que el Tribunal conoce litigios de alta relevancia económica, particularmente aquellos relacionados con créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), algunos de los cuales superan los 300 millones de pesos y provienen del área de grandes contribuyentes.
Asimismo, adelantó que el Tribunal realiza una encuesta nacional para medir el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la justicia administrativa, cuyos resultados servirán para planear la redistribución de salas regionales especializadas y fortalecer el acceso de la población a este mecanismo de defensa frente a actos de autoridades federales.
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