Zimapán.- El ejido San Miguel, ubicado en Zimapán, hace cuatro años lucha por recuperar una mina ubicada en su territorio, la cual es explotada por una empresa que en más de 25 años no ha retribuido a la comunidad; está situación derivó en la retención de 6 camiones cargados con minerales, 12 ejidatarios demandados y dos privados de su libertad, de quienes exigen su liberación inmediata.
En entrevista con LSR Hidalgo, Mayra Belén Trejo Guzmán, delegada estatal de Pueblos Originarios por el Congreso Internacional en Defensa de los Derechos Humanos, explicó que el principal conflicto radica en que la empresa continúa explotando la mina sin contar con un convenio vigente aprobado por la asamblea ejidal.
Detalló que en la mina se extraen principalmente plomo, cobre, zinc y plata, y que la asamblea ha solicitado en diversas ocasiones que los propietarios de la compañía Balcones acudan personalmente para negociar un nuevo convenio, petición que, aseguró, ha sido ignorada, ya que únicamente se presentan representantes legales.
Te podría interesar
"La asamblea exige que los dueños de la empresa den la cara para negociar un nuevo contrato y regularizar la situación, pero han hecho caso omiso", señaló.
Denuncian adeudo de más de 25 años
La vocera del ejido de San Miguel explicó que administraciones ejidales anteriores acordaron pagos anuales de 60 mil pesos por la explotación del yacimiento; sin embargo, afirmó que esos recursos no se han cubierto desde hace aproximadamente 25 años y tampoco existen registros claros sobre dichos pagos.
Indicó que la mesa directiva ejidal comenzó hace cuatro años una revisión de las concesiones y contratos existentes, detectando diversas irregularidades que ahora buscan esclarecer con apoyo de la Procuraduría Agraria y otras dependencias federales.
"Las empresas se han enriquecido durante años mientras al ejido se le ofrecía una cantidad mínima, que además ni siquiera se pagó. Lo que queremos es un convenio justo", expresó.
Retención de camiones derivó en proceso penal
Trejo Guzmán explicó que el conflicto escaló luego de que los ejidatarios detectaran que la empresa continuaba extrayendo mineral pese a la falta de un convenio vigente, por lo que el pasado 6 de marzo decidieron retener varios camiones cargados con minerales.
Tras estos hechos, la empresa presentó denuncias penales en contra de 12 integrantes de la comunidad. Como resultado, el pasado 6 de julio fueron privados de su libertad el presidente del Comisariado Ejidal, Ramón Ramos Alamilla, y el expresidente Martín Reséndiz Ramírez.
De acuerdo con la entrevistada, ambos enfrentan acusaciones por presunto robo de vehículos, obstrucción de vías de comunicación y amenazas.
No obstante, sostuvo que los camiones permanecen resguardados por la comunidad, sin haber sido vandalizados, debido a que transportan minerales propiedad del ejido.
"Las vías de comunicación nunca permanecieron bloqueadas y lo único que hubo fueron discusiones verbales. Nuestros compañeros están presos por defender el patrimonio de la comunidad", afirmó.
Acusan daños ambientales y riesgos para la salud
Además del conflicto legal, los ejidatarios denunciaron afectaciones ambientales derivadas de la actividad minera. Señalaron que existen grandes depósitos de jales y residuos minerales expuestos a cielo abierto, situación que, aseguraron, ha provocado contaminación y problemas de salud entre los habitantes.
Mayra Belén mencionó que en la comunidad se han registrado casos de cáncer, insuficiencia renal y enfermedades respiratorias que atribuyen al deterioro ambiental ocasionado por las operaciones mineras.
Por ello, solicitaron la intervención de autoridades como la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancias encargadas de regular el uso de explosivos y demás dependencias relacionadas con la supervisión de la actividad minera.
Asimismo, denunció que, pese a las solicitudes presentadas ante autoridades municipales, estatales y federales, no han obtenido respuesta, por lo que incluso recurrieron a organismos internacionales de derechos humanos para exponer el caso, esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica.
Finalmente, los ejidatarios exigieron la liberación inmediata de sus dos representantes, la revisión integral de los contratos de explotación minera, el pago de las indemnizaciones por las afectaciones sociales, ambientales y de salud, así como los pagos por el material extraído de la mina, y la intervención de las autoridades para garantizar la protección del territorio, el medio ambiente y los derechos de la comunidad.
Cabe mencionar que hasta este martes suman 130 días en los que los ejidatarios hidalguenses han mantenido retenidos seis camiones y una camioneta, esto con la organización de una mesa ejidal permanente en las inmediaciones del terreno comunal.
sjl