El acceso al cine y a las obras audiovisuales podría quedar reconocido de manera expresa dentro de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Hidalgo, luego de que la diputada Paloma Barragán Santos, integrante de Morena, presentase una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones en esta materia.
La propuesta busca que las y los hidalguenses puedan acceder a contenidos cinematográficos y audiovisuales bajo criterios de pluralidad, diversidad, libertad de expresión, calidad técnica y disponibilidad efectiva.
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La diputada planteó que el cine no debe limitarse a entenderse como entretenimiento o como parte de la industria cultural, sino que también puede funcionar como un medio para reforzar la identidad colectiva, incentivar la participación social y enriquecer la vida cultural en las comunidades.
La iniciativa también busca ampliar las atribuciones de la Secretaría de Cultura estatal para impulsar la producción, distribución, exhibición, promoción y preservación del cine hecho en Hidalgo.
Además, propone promover redes de exhibición cinematográfica comunitaria y el uso de espacios alternativos en municipios, con la intención de descentralizar la oferta cultural y abrir nuevas posibilidades para públicos que no suelen tener acceso constante a este tipo de actividades.
Barragán Santos reconoció programas ya existentes, como Cine Comunitario, la Red de Exhibición Gratuita Permanente y la Oficina de Apoyo a Filmaciones. Su propuesta, explicó, pretende dar respaldo legal a estas acciones para que no dependan únicamente de decisiones administrativas o de proyectos temporales.
El reto no es sólo proyectar películas, sino sostener los espacios
La reforma ha reavivado una conversación constante en redes sociales entre gestores culturales, creadores y comunidades, donde se discute que reconocer un derecho en la ley es importante, pero no garantiza por sí solo que ese derecho pueda ejercerse de manera real en todos los municipios.
En estas discusiones vía redes sociales, uno de los puntos que se repite es la necesidad de conocer con mayor precisión la situación cultural del estado.
Se plantea que, antes de ampliar o formalizar redes de exhibición, haría falta saber cuántos públicos existen para estos proyectos, qué condiciones tienen los espacios culturales en cada región, cuántos creadores audiovisuales hay en Hidalgo y cuáles son sus principales necesidades.
También se ha señalado en estas conversaciones que es necesario revisar qué capacidades tienen los municipios para sostener una red de exhibición comunitaria más allá del acto de inauguración. En muchos casos, se comenta, el problema no es abrir un espacio, sino lograr que funcione con programación constante, equipo adecuado, personal capacitado y recursos suficientes.
Desde distintos perfiles vinculados a la gestión cultural, se comparte la idea de que una política pública suele tener más posibilidades de éxito cuando parte de un diagnóstico claro del territorio, de sus comunidades y de sus públicos. Sin esa base, advierten, los proyectos pueden tener buenas intenciones, pero poco impacto o una sostenibilidad limitada.
Otro punto que aparece de forma recurrente en redes es el de los derechos de exhibición. Aunque hoy existen equipos accesibles para realizar proyecciones con calidad aceptable, se menciona que el costo de mostrar películas de manera pública puede convertirse en una barrera fuerte para proyectos comunitarios.
Por ello, dentro de esta conversación constante, también se plantea que, si la iniciativa avanza, tendría que abrir la puerta a discutir esquemas de licenciamiento, convenios con distribuidoras, apoyo a cine local, formación de públicos, financiamiento municipal y evaluación de resultados.
magr