Pachuca.— La revocación de la donación del predio otorgado a la Asociación Down Hidalguense, se sustentó en que nunca se formalizó jurídicamente la transmisión del inmueble, así lo indicó en entrevista con medios de comunicación el coordinador general jurídico del Gobierno de Hidalgo, Raúl Serret Lara.
Explicó que, tras una revisión documental, se detectó que el proceso mediante el cual se autorizó la donación presentaba diversas inconsistencias y carecía de los elementos necesarios para que surtiera efectos legales definitivos.
Serret Lara detalló que, según los documentos localizados en archivos oficiales y en el Periódico Oficial del Estado, no existe evidencia de que la Asociación Down Hidalguense hubiera solicitado directamente la donación del inmueble.
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“El proceso de donación fue solicitado inicialmente por la entonces Secretaría de Obras Públicas y autorizado por la Secretaría de Administración. Nunca se materializó porque se instruía que tenía que protocolizarse a través de un notario público y eso nunca ocurrió”.
La falta de escrituración impidió que la donación se concretara legalmente, por lo que, conforme a la normatividad vigente, procedió la revocación del acuerdo que había autorizado la entrega del terreno, por lo tanto, la revisión permitió determinar que jurídicamente la propiedad continuaba formando parte del patrimonio estatal, por lo que se decidió dejar sin efectos el procedimiento.
Investigación sobre otros inmuebles
Respecto a la posibilidad de que existan otros casos similares, Serret Lara señaló que hasta el momento no tiene identificados inmuebles en circunstancias similares, aunque aclaró que cualquier situación detectada será revisada de manera individual.
Explicó que la localización y recuperación de bienes estatales representa una tarea compleja debido a la dispersión de información encontrada en diversas dependencias gubernamentales.
Según comentó, durante años los registros patrimoniales no estuvieron concentrados en una sola instancia, “había información en una secretaría y en otra no; los datos no estaban concentrados. Tenemos que realizar investigaciones documentales, revisar archivos estatales y posteriormente acudir a los registros públicos para verificar cada caso”.
El funcionario reconoció que esta situación impide determinar actualmente una cifra exacta de inmuebles que pudieran encontrarse en condición irregular o que no estuvieran debidamente registrados.
Respecto a la recuperación del patrimonio público, compartió que algunos casos enfrentan dificultades debido a que ciertos delitos podrían haber prescrito con el paso de los años; sin embargo, aseguró que la Coordinación analiza diversas rutas jurídicas para lograr sanciones cuando sea procedente y así recuperar los bienes que pertenecen a la entidad.
“Se hace un trabajo doble. No solamente se busca el reproche penal, sino también la recuperación del patrimonio que corresponde a los hidalguenses”.
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