Pachuca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobó el acuerdo mediante el cual dará cumplimiento a una resolución emitida por el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), que ordena el embargo de una parte de las prerrogativas que recibe mensualmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad.
Durante la Primera Sesión Extraordinaria de junio del organismo electoral, se informó que la medida deriva del expediente laboral 1522/2023 y contempla la retención de 85 mil 116 pesos con 60 centavos del financiamiento público ordinario que recibe el partido político, con el objetivo de cumplir un laudo laboral firme.
De acuerdo con lo expuesto por la Secretaría Ejecutiva del IEEH, antes de ejecutar la determinación judicial se verificó, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), que el embargo no afectara los recursos destinados al pago de salarios del personal del instituto político.
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El acuerdo aprobado señala que las autoridades electorales tienen la obligación de acatar las resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales y recuerda que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el propio INE han establecido que las prerrogativas de los partidos políticos pueden ser sujetas a embargo cuando se trate del cumplimiento de derechos laborales reconocidos mediante sentencias firmes.
La resolución tiene origen en una solicitud presentada por Estefany de la Cruz Martínez y Lucio Gutiérrez Hernández, recibida el 26 de marzo de 2026, mediante la cual se requirió embargo sobre el financiamiento público del PRI. En atención a ello, el IEEH instruyó a las áreas de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de Administración, realizar los trámites correspondientes y rendir un informe una vez ejecutada la retención.
PRI niega relación laboral
Durante la discusión del punto, el representante del PRI ante el IEEH, Federico Hernández Barros, manifestó su inconformidad con la resolución. Argumentó que la supuesta relación laboral entre los demandantes y el partido carece de certeza jurídica y sostuvo que gran parte de las actividades que realizan militantes y simpatizantes se llevan a cabo por convicción política y no mediante una relación contractual.
“Esa supuesta relación laboral carece de una cuestión cierta… quienes participamos en las tareas políticas, lo hacemos más por una convicción de carácter político, más por enriquecer el sistema democrático en el que vivimos, que por una cuestión de pago”, expuso.
Asimismo, cuestionó los montos reclamados y señaló que los tribunales laborales no valoraron adecuadamente información relacionada con las nóminas y partidas presupuestales de esos años. También advirtió que la reducción de recursos podría impactar obligaciones fiscales y administrativas del instituto político, además de afectar actividades de carácter público que desarrolla el partido.
Pese a los señalamientos, el Consejo General aprobó el acuerdo por votación y ordenó el cumplimiento inmediato de la resolución judicial.
sjl