Pachuca.- La capacitación que recibirán funcionarios municipales para detectar posibles casos de trabajo infantil en mercados, tianguis y espacios comerciales de Pachuca podría derivar en la criminalización de familias en situación de vulnerabilidad si no se aplica con un enfoque integral de derechos humanos, advirtió Rafael Castelán Martínez, presidente del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Luego de que el Cabildo de Pachuca aprobara la implementación de capacitaciones dirigidas a personal municipal para identificar situaciones de explotación laboral infantil, Castelán consideró positiva la intención de proteger a niñas, niños y adolescentes, pero señaló que el fenómeno del trabajo infantil requiere un análisis más profundo.
Explicó que en muchos casos las infancias acompañan a sus madres o padres en actividades comerciales debido a la falta de alternativas de cuidado, condiciones económicas adversas o como parte de dinámicas familiares de apoyo, por lo que advirtió que una supervisión inadecuada podría confundir estas situaciones con explotación laboral.
Te podría interesar
"Existe el riesgo de que se criminalice a las familias o que se niegue el derecho de niñas y niños a participar en actividades familiares cuando las condiciones económicas los obligan", señaló.
El especialista también alertó sobre la posibilidad de que estas acciones deriven en procesos de "limpieza social" bajo el argumento de la protección infantil, es decir, que las autoridades busquen retirar de los espacios públicos a menores de edad para evitar que visitantes o turistas observen condiciones de pobreza.
Asimismo, consideró insuficiente que funcionarios sin experiencia especializada reciban únicamente capacitaciones breves para identificar situaciones complejas relacionadas con la infancia, ya que podrían confundir actividades de supervivencia familiar con casos reales de explotación laboral o trata de personas.
Lo anterior ya que esta iniciativa se aprobó este jueves, a una semana de que inicien todas las actividades del Mundial, por lo que consideró que algunas acciones implementadas por los gobiernos municipales han surgido de manera apresurada y sin una política pública integral que atienda las causas estructurales de fenómenos como el trabajo infantil.
El activista reconoció que desde el anuncio de la realización del torneo en México, Estados Unidos y Canadá se han impulsado diversas medidas de protección a la infancia, entre ellas mencionó reformas para que hoteles verifiquen el parentesco entre adultos y menores de edad hospedados.
El activista recordó que las formas más graves de explotación infantil incluyen la trata de personas, la explotación sexual y el reclutamiento por parte del crimen organizado, problemáticas que requieren intervenciones especializadas.
Por lo anterior, también subrayó que las medidas de protección deben mantenerse más allá del evento deportivo, especialmente aquellas enfocadas en la prevención de la trata de personas y la explotación infantil en hoteles, centros turísticos y espacios públicos.
Habrá monitoreo a las violaciones de derechos humanos
Sobre los riesgos asociados al incremento de visitantes durante la justa deportiva, indicó que organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen vigilancia ante posibles casos de explotación sexual infantil y otras violaciones a derechos humanos.
En este sentido, informó que la Red por los Derechos de la Infancia y otras organizaciones nacionales participarán en un monitoreo permanente para documentar posibles afectaciones derivadas de las actividades relacionadas con el Mundial, tanto contra niñas, niños y adolescentes como contra población adulta.
sjl