Pachuca.— En el Congreso local buscan poner un freno a los cobros excesivos y poco transparentes que aplican las grúas y los corralones. La diputada Mónica Reyes Martínez planteó reformar la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de obligar a los prestadores de los servicios de arrastre, salvamento, maniobras, traslado y depósito vehicular a sujetarse a tarifas oficiales publicadas por la autoridad competente.
De acuerdo con la exposición de motivos, la movilidad es un elemento fundamental para el desarrollo social y económico, por lo que requiere de reglas claras que otorguen certeza jurídica, transparencia y protección a la ciudadanía. En ese contexto, se señala que los servicios de grúas y depósitos vehiculares son indispensables para garantizar la seguridad vial, retirar unidades involucradas en accidentes o infracciones y mantener el orden público.
Sin embargo, se advierte que en Hidalgo persiste una problemática relacionada con la falta de una regulación tarifaria clara, pública y de cumplimiento obligatorio. Esta situación ha provocado incertidumbre entre los usuarios respecto a los costos reales de los servicios, además de denuncias por cobros excesivos, conceptos adicionales injustificados, falta de comprobantes detallados y afectaciones al patrimonio familiar.
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La iniciativa señala que, aunque existen tarifas autorizadas en disposiciones reglamentarias, la legislación vigente no establece de manera expresa la obligación de la autoridad de emitirlas y publicarlas oficialmente, ni contempla mecanismos suficientes para vigilar su cumplimiento.
Las disposiciones
De aprobarse, el nuevo artículo 134 Bis obligaría a los concesionarios y prestadores de estos servicios a cobrar únicamente las tarifas autorizadas; exhibirlas en lugares visibles y de fácil acceso; publicarlas en medios electrónicos oficiales cuando dispongan de ellos; entregar comprobantes desglosados con todos los conceptos cobrados; abstenerse de aplicar cargos extraordinarios no contemplados en la tarifa autorizada, e informar previamente al usuario sobre los conceptos que integrarán el cobro del servicio.
Asimismo, se establece que cualquier incumplimiento será sancionado conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Movilidad y Transporte y demás normatividad aplicable.
En los artículos transitorios se propone que la reforma entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Además, la Secretaría de Movilidad y Transporte tendría un plazo máximo de 180 días naturales para emitir y publicar formalmente las tarifas públicas correspondientes.
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