Tras señalar que persisten las uniones informales entre niñas y adolescentes con personas adultas, principalmente en comunidades rurales e indígenas, hecho que no sólo vulnera derechos fundamentales y expone a las menores a violencia, sino que además genera embarazos tempranos y abandono escolar, legisladores locales presentaron una iniciativa para eliminar la figura del rapto del Código Penal y crear el delito de cohabitación forzada.
La propuesta fue presentada por la diputada local, Paloma Barragán Santos, representante del distrito IV de Huejutla, quien argumentó que las uniones tempranas y forzadas siguen siendo una realidad en la entidades bajo el argumento de usos y costumbres, pese a que constituyen violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes.
La legisladora señaló que estas prácticas están asociadas a embarazos adolescentes y relaciones marcadas por “profundas desigualdades de poder”.
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el 32.3 por ciento de las mujeres de entre 15 y 19 años que han iniciado su vida sexual reportaron haber estado embarazadas alguna vez, mientras que en zonas rurales e indígenas la prevalencia alcanza el 46.5 por ciento.
Barragán Santos destacó que factores como la pobreza, la desigualdad educativa, el limitado acceso a servicios de salud y la normalización de ciertas prácticas culturales agravan el problema en diversas regiones del estado.
Esto dice la iniciativa
La iniciativa plantea derogar los artículos 169 y 171 del Código Penal de Hidalgo, relacionados con la figura del rapto, y adicionar un capítulo denominado: Cohabitación Forzada, mediante el cual se propone sancionar a quien obligue, coaccione o induzca a una persona menor de 18 años, o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, a unirse informalmente con otra persona en una relación equiparable al matrimonio.
De aprobarse, el delito sería castigado con penas de ocho a 15 años de prisión, además de multas de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, se propone establecer que la invocación de sistemas normativos internos, tradiciones o usos y costumbres de pueblos y comunidades indígenas no pueda considerarse atenuante, causa de justificación o exclusión de responsabilidad penal para quienes incurran en esta conducta.
Durante la presentación de la iniciativa, la diputada sostuvo que ninguna práctica cultural puede estar por encima de los derechos humanos y afirmó que la dignidad de las personas debe ser el límite de cualquier tradición.
Finalmente, llamó a las y los legisladores a impulsar medidas que garanticen la protección de la niñez y adolescencia, particularmente de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, para evitar que sean obligadas a abandonar su educación, su infancia y sus proyectos de vida.
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