La iniciativa presentada en el Congreso de Hidalgo busca eliminar los cobros que algunos municipios aplican cuando la ciudadanía solicita documentos certificados relacionados con el acceso a la información pública.
De acuerdo con el legislador de Morena, Miguel Ángel Moreno Zamora, en distintos ayuntamientos de la entidad se ha vuelto recurrente que las personas deban pagar para obtener documentos certificados cuando piden información sobre el manejo de recursos públicos u otros datos de interés ciudadano.
El diputado local señaló que este tipo de información debe entregarse de manera gratuita, al tratarse de un derecho de la población y no de un servicio que pueda ser utilizado como fuente de recaudación. El problema, explicó, es que algunas Leyes de Ingresos municipales contemplan tarifas por la expedición de actas certificadas, un concepto amplio que puede incluir desde documentos del Registro Civil, como actas de nacimiento, hasta copias o constancias relacionadas con solicitudes de transparencia.
Te podría interesar
Aunque no mencionó qué municipios aplican estos cobros, el diputado sostuvo que en algunos casos el acceso a la información pública ha sido tratado como un trámite de pago, cuando su naturaleza es distinta. Con ello, la propuesta busca modificar el marco legal vigente para cerrar la puerta a este tipo de cobros, especialmente cuando los documentos solicitados derivan de procedimientos de transparencia o de solicitudes ciudadanas sobre el actuar de las autoridades.
¿Qué plantea la reforma?
La iniciativa propone derogar el artículo 102 Bis de la Ley Estatal de Derechos de Hidalgo. Actualmente, dicho apartado establece que la consulta de datos hecha por particulares, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, es gratuita; sin embargo, también permite el cobro de cuotas cuando la entrega de la información requiere impresión o almacenamiento, de acuerdo con lo previsto en las leyes de ingresos municipales.
Para el legislador, esa excepción ha permitido que algunos municipios mantengan cobros que pueden dificultar el ejercicio del derecho a saber. En la exposición de motivos se señala que esta disposición ha sido cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al considerar que imponer costos para acceder a información pública puede representar una restricción a un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados internacionales.
El proyecto también plantea derogar el artículo 191 de la Ley de Hacienda para el Estado de Hidalgo. Esta disposición contempla actualmente el cobro de derechos por la expedición de copias simples, copias certificadas, discos compactos, planos, copias certificadas de planos y el envío de información por correo certificado o mensajería, cuando estos servicios están relacionados con solicitudes de acceso a la información.
Acceso a la información sin barreras
Moreno Zamora argumentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que los costos por reproducir información no deben convertirse en un obstáculo para que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información pública.
La iniciativa parte de que este derecho permite a la ciudadanía conocer, revisar y evaluar el trabajo de las autoridades. De aprobarse la reforma, tanto el gobierno estatal como los municipios dejarían de contar con disposiciones que permitan cobrar por la reproducción o entrega de información solicitada mediante mecanismos de transparencia.
magr