Durante la trigésima sesión ordinaria pública del Cabildo de Singuilucan, regidoras solicitaron a la presidenta municipal, Yazmín Dávila López, emitir un posicionamiento oficial respecto al incidente protagonizado por el síndico procurador, Donato Ramírez Olvera, quien presuntamente lanzó amenazas durante un altercado registrado en el marco de las actividades de la feria municipal.
Ante los cuestionamientos, la alcaldesa señaló que tanto los servidores públicos como los ciudadanos están obligados a conducirse dentro del marco legal y que ninguna persona debe actuar al margen de la ley, independientemente del cargo que ocupe.
Dávila enfatizó que el asunto ya se encuentra en manos de las instancias competentes y que corresponde a las autoridades investigadoras determinar si existió alguna conducta irregular y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan.
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Ante la insistencia de regidoras, la alcaldesa sostuvo que su función no es juzgar los hechos ni emitir resoluciones sobre el comportamiento de integrantes del Cabildo, sino desempeñarse como ejecutora y administradora de la administración pública municipal.
“Mi papel de presidenta no es un tema juzgador; mi papel de presidenta es ser ejecutora y administradora. Estoy más que segura de que las personas competentes van a actuar”.
Recordó que tanto ella como los integrantes del Cabildo fueron electos por voto popular y que cada servidor público es responsable de sus actos y de las consecuencias legales o administrativas que estos puedan generar.
Asimismo, insistió en que el debate no debe desviar la atención de los asuntos prioritarios para el municipio en áreas como protección civil, turismo, seguridad pública y atención ciudadana.
“No comparto hacer esto mediático. No comparto que nos agarremos de errores de otras personas para justificar un trabajo cuando tenemos muchas cosas por hacer”.
La edil también respondió a las inquietudes sobre una posible omisión de su parte ante el caso, asegurando que colaborará con cualquier autoridad. “Si en algún momento de la investigación tengo que aportar pruebas, claro que lo haré, porque sería un delito no atender cualquier requerimiento de una autoridad investigadora o juzgadora”.
Dávila López insistió en que no intervendrá para favorecer o perjudicar a ninguna persona involucrada en el caso, ya que hacerlo representaría una actuación fuera de la legalidad.
“Cualquier servidor público que incurra en una conducta ilegal debe responder ante las instancias correspondientes”, y sentenció que serán las autoridades facultadas quienes determinen si existió alguna falta o delito derivado de los hechos ocurridos durante la feria municipal.
magr