Pachuca.— Brenda es una madre que tiene la guarda y custodia definitiva de su hija desde 2017; sin embargo, tras permitir una convivencia con el padre de la menor, éste no la regresó, a partir de ese momento denunció sustracción de menores, días después, y con base en informes de las áreas de Trabajo Social y Jurídica del Sistema DIF de Apan, ella fue denunciada por presunta violencia familiar. Desde entonces, aseguró, no ha vuelto a tener contacto con su hija.
Frente a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Brenda sólo pide una investigación objetiva, pues desde el pasado 20 de febrero de 2026, luego de que el padre de la niña no la regresara tras un periodo de convivencia, no ha vuelto a saber de ella.
Brenda explicó que desde esa fecha perdió toda comunicación con su hija de 11 años y aseguró que no ha podido verla, hablar con ella ni conocer su estado de salud. Además, señaló que la menor dejó de asistir a clases desde febrero, situación que podría poner en riesgo su ciclo escolar.
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La denuncia por sustracción de menores fue presentada ante la Agencia del Ministerio Público de Apan; sin embargo, afirmó que no ha recibido información clara sobre el avance de la carpeta de investigación. “Yo pido información sobre cómo va el caso de mi hija y me dicen que tienen bastante carga de trabajo”, expresó.
Un mes después de presentar la denuncia, Brenda fue notificada de medidas de protección derivadas de una carpeta iniciada en su contra por presunta violencia familiar hacia la menor, acusaciones que rechazó.
Piden perspectiva de género al atender el caso
Durante una rueda de prensa, las abogadas Ana Guadalupe Castillo Leal y Shaddai Vera Ángeles señalaron que la intención es visibilizar el caso y solicitar que las investigaciones se conduzcan con perspectiva de género e infancia.
Las representantes legales explicaron que Brenda cuenta con una resolución judicial definitiva en materia familiar que le otorgó la Guarda y custodia de la menor, por lo que consideraron necesario que las autoridades realicen una revisión integral del caso y garanticen el interés superior de la niña.
Indicaron además que promovieron un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra de las medidas de protección que actualmente limitan el ejercicio de la Guarda y custodia, recurso que fue presentado de manera electrónica el pasado 8 de mayo.
De acuerdo con las postulantes, el objetivo del amparo es que la justicia federal revise la legalidad de las medidas y determine si fueron emitidas con apego a perspectiva de género y de infancia.
También señalaron que ya sostuvieron reuniones con autoridades de la Zona Oriente de la Procuraduría, donde —aseguraron— recibieron el compromiso de que el asunto será revisado de manera objetiva.
Las abogadas insistieron en que el caso debe analizarse privilegiando los derechos de la menor y evitando cualquier forma de violencia contra las mujeres o utilización de los hijos como mecanismo de presión entre las partes involucradas.
sjl