Pachuca.— La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) mantiene bajo medidas de protección a un testigo relacionado con el caso de los nueve policías municipales de Progreso de Obregón procesados por homicidio doloso calificado y lesiones, mientras que el exdirector de Seguridad Pública del municipio continúa prófugo.
El encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, informó que el exmando policial es investigado por su probable relación con los hechos ocurridos el pasado 10 de mayo y aseguró que ya es buscado por las autoridades.
“Hay una persona prófuga relacionada con los hechos; la estamos buscando y pronto va a caer”, declaró el funcionario estatal.
Te podría interesar
Fernández Hasbun explicó que recientemente falleció el cuñado de la víctima sobreviviente y no él, cómo se manejó en algunas versiones. Asimismo, indicó que, por ahora, no se ha solicitado ficha roja de Interpol ni alerta migratoria para localizar al exdirector fuera del país, aunque señaló que las autoridades continúan con el proceso para lograr su captura.
Investigación no alcanza a la alcaldesa
Respecto a la presidenta municipal de Progreso de Obregón, Lorena Estrada Flores, descartó cualquier posible responsabilidad en el caso. “Absolutamente ninguna”, respondió al ser cuestionado sobre la alcaldesa.
La protección a testigos - explicó - es un mecanismo que se aplica cuando víctimas o testigos enfrentan riesgos derivados de las indagatorias.
Cabe recordar que los nueve policías municipales fueron detenidos el 13 de mayo por agentes de la PGJEH, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con la investigación, el 10 de mayo los uniformados privaron de la libertad a dos hombres; uno de ellos murió tras ser golpeado y posteriormente abandonado en la comunidad de Jagüey Blanco, en Mixquiahuala de Juárez. El cuerpo fue localizado un día después. La segunda víctima logró escapar con vida, aunque lesionada.
El pasado 19 de mayo, la jueza de control Janett Montiel Mendoza determinó vincularlos a proceso por homicidio doloso calificado y lesiones, además de imponerles prisión preventiva oficiosa en el Cereso de Pachuca. También fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
sjl