Pachuca.— Con 25 votos a favor y tres en contra, el Congreso local avaló la minuta de reforma constitucional en materia electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocida como el “Plan B”, la cual plantea cambios en la integración de ayuntamientos, el funcionamiento de legislaturas estatales y el uso de recursos públicos en órganos electorales.
De acuerdo con el dictamen aprobado, se reforman los artículos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 115, 116 y 134, con el objetivo de fortalecer principios de austeridad, paridad de género y evitar prácticas como el nepotismo en cargos de elección popular.
En lo que respecta a los gobiernos municipales, se establece que los ayuntamientos deberán integrarse bajo criterios de paridad de género, con una presidencia municipal, sindicatura y hasta quince regidurías. Además, se prohíbe la postulación de personas con vínculos de parentesco —hasta cuarto grado— con funcionarios en funciones durante los tres años previos a la elección, como una medida para cerrar el paso al nepotismo.
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En el ámbito estatal, la reforma fija un tope presupuestal para los congresos locales, el cual no podrá superar el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad.
Asimismo, se prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales y se establecen nuevas reglas para la participación de suplentes en procesos electorales.
En materia de recursos públicos, el documento contempla límites a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, alineándolos con lo establecido en el artículo 127 constitucional. De igual forma, se prohíbe la contratación de seguros privados y prestaciones adicionales que no estén contempladas en la ley.
Dentro de los artículos transitorios, se establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se otorga como plazo máximo el 30 de mayo de 2026 para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen su marco jurídico.
Otro de los puntos relevantes es la reducción progresiva del 15 por ciento en el presupuesto del Senado de la República durante los próximos cuatro años, cuyos ahorros deberán destinarse a fortalecer la hacienda pública municipal, principalmente en obras de infraestructura.
La minuta arribó al Congreso local en el transcurso de la madrugada y este día por mayoría de votos, con la negativa PAN y PRI se avaló la reforma constitucional.
La discusión
Acompañaron la reforma, los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.
Marco Mendoza Bustamante, diputado del PRI, comentó que sólo 61 municipios tienen más de 15 regidores, distribuidos en 12 entidades, y una de ellas es Hidalgo, por lo que el ahorro que dicen habrá apenas es de 190 mil pesos mensuales, recurso que a su decir no permite hacer infraestructura u obra pública o tener impacto verdadero en los ciudadanos.
Respecto al límite en el presupuesto para congresos locales, explicó que sólo aplicaría para unas pocas entidades, tales como, Morelos, Tlaxcala, Baja California, Michoacán Durango, Tlaxcala, y otras, y en las demás implicaría un incremento.
El legislador sostuvo que el asunto distrae de los temas relevantes del país, como los casos de desaparición forzada, así como el riesgo de chapopote en el Golfo de México, por lo que calificó el acto como “un atentado al federalismo y una centralización”.
Claudia Lilia Luna Islas, diputada del PAN, comentó que tan mal está la iniciativa que el tope de gastos impuesto a los congresos locales representa mayor presupuesto para la mayoría.
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