Pachuca.— Ante el incremento de casos de violencia y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, el Congreso del estado aprobó una serie de reformas legales que buscan fortalecer la protección de este sector mediante la creación de procuradurías municipales especializadas.
El dictamen, avalado por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, contempla modificaciones a cuatro leyes estatales para consolidar un modelo de atención más cercano, inmediato y eficaz.
A decir de la diputada Lizbeth Ordaz, uno de los ejes centrales de la reforma es la creación obligatoria de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en los 84 municipios de la entidad. Estas instancias operarán dentro de los sistemas DIF municipales, con autonomía técnica y operativa.
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Su función será atender de manera directa denuncias —incluso anónimas—, brindar apoyo psicológico y médico, así como representar legalmente a menores en procesos administrativos y judiciales.
Alta demanda
De acuerdo con la procuradora estatal, Laura Karina Ramírez Jiménez, desde octubre de 2025 hasta la fecha, se han atendido cerca de 4 mil 900 casos, de los cuales 2 mil 200 corresponden a violencia sexual y familiar, principales problemáticas que afectan a este sector.
Durante años, la atención se concentró en solo 16 procuradurías regionales, lo que generó saturación institucional y retrasos en la restitución de derechos.
Por su parte, la presidenta del DIF Hidalgo, Edda Vite Ramos, destacó que con esta reforma se podrán iniciar procesos de protección de forma inmediata, evitando la revictimización de las y los menores.
Además, los municipios tendrán un plazo de 180 días para implementar estas procuradurías, las cuales deberán contar con personal especializado: abogado, psicólogo y trabajador social.
Aclaró que no se requerirá una inversión adicional significativa, ya que muchas de estas funciones ya se realizaban a través de unidades de primer contacto, que ahora serán formalizadas.
Más “dientes” para la procuraduría
El decreto también refuerza el papel de la Procuraduría estatal, que fungirá como órgano rector, con facultad de atraer casos de alta complejidad y establecer lineamientos para garantizar una atención homogénea en todo el estado.
Asimismo, se establecen medidas de protección administrativa inmediatas, que permitirán actuar de forma urgente ante situaciones de riesgo, incluso separando temporalmente al menor de su entorno familiar cuando exista peligro.
sjl