San Salvador.- Armando Azpeitia Díaz, exalcalde del municipio, promovió un recurso de amparo para evitar una posible detención, en un contexto marcado por señalamientos y denuncias relacionadas con hechos recientes ocurridos en el municipio.
La acción legal se da en medio de investigaciones derivadas de una agresión registrada durante una retención ocurrida en días pasados, caso que ha generado atención pública en la región. De acuerdo con declaraciones del actual presidente municipal, Norberto Martínez Cruz, existen denuncias formales en contra del exedil, lo que ha intensificado el debate político y social.
En estos señalamientos también ha sido mencionada la regidora Briseyda Mera Olguín, quien presuntamente habría tenido participación en la organización de la manifestación que derivó en actos de violencia. No obstante, hasta el momento no se han determinado responsabilidades legales de manera oficial.
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El amparo promovido por Azpeitia Díaz ha sido interpretado por distintos sectores como una medida preventiva ante el avance de las indagatorias. Esta decisión ha generado reacciones entre la ciudadanía, donde persiste la exigencia de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, el caso continúa en manos de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar la situación jurídica de los involucrados conforme avancen las investigaciones.
¿Y qué había pasado antes en San Salvador?
La situación actual se suma a un contexto previo de diferencias entre el exalcalde y la actual administración municipal. A inicios de mes, Armando Azpeitia Díaz llamó a su sucesor, Norberto Martínez Cruz, a moderar sus declaraciones en torno al estado en que recibió el ayuntamiento, así como a las promesas realizadas durante campaña.
Esto luego de que el actual edil señalara presuntos adeudos heredados, entre ellos alrededor de 20 millones de pesos en laudos laborales, posteriormente ajustados a 13 millones, así como pendientes por aproximadamente 800 mil pesos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y una cantidad similar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de más de 3 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta y obras inconclusas.
Ante estos señalamientos, el exalcalde reconoció la existencia de pendientes administrativos, aunque rechazó que correspondan a las cifras y condiciones expuestas. Sostuvo que el proceso de entrega-recepción se realizó conforme a lo establecido, bajo supervisión de la Contraloría estatal y con anticipación al cierre de su administración.
Asimismo, indicó que algunos compromisos, como los laudos laborales, son situaciones heredadas de administraciones anteriores, mientras que otros rubros, como el pago de impuestos y servicios, se atendieron conforme a las capacidades del municipio.
En cuanto a las obras inconclusas, explicó que forman parte de la dinámica administrativa, ya que algunas fueron contratadas y ejecutadas para ser concluidas o recepcionadas por la siguiente administración.
magr