Pachuca.— Un total de 10 municipios se sumaron a la lista de ayuntamientos que han actualizado su Bando de Policía y Buen Gobierno, un instrumento básico para regular la vida pública local y fortalecer la gobernabilidad.
Se trata de:
- Atlapexco (última actualización en 2022)
- Chapantongo (2021)
- El Arenal (2023)
- Emiliano Zapata (2020)
- Metepec (2024)
- Nicolás Flores (2010)
- Pisaflores (2019)
- Tepehuacán de Guerrero (2023)
- Tetepango (2007)
- Zimapán (2014)
En algunos casos, los ordenamientos no se habían renovado desde hace más de 20 años.
Durante una jornada de trabajo, en la que se firmaron las solicitudes para publicar estos bandos en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), autoridades estatales señalaron que, en muchos municipios, el principal obstáculo para actualizar este documento ha sido la falta de voluntad política en los cabildos.
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Guillermo Olivares, secretario de Gobierno, destacó que el Bando de Policía y Buen Gobierno es una herramienta fundamental para los ayuntamientos, ya que establece reglas claras de convivencia, define facultades de las autoridades y permite aplicar sanciones acordes a la realidad social y económica de cada comunidad.
En el encuentro, la magistrada Marisol López Barrera subrayó que el fortalecimiento de la normatividad municipal tiene un impacto directo en la vida cotidiana, al ser el municipio el primer nivel de gobierno donde se construyen normas, se fomenta la participación ciudadana y se garantiza el orden social.
Indicó que la armonización de estos bandos con leyes federales, así como con el enfoque de derechos humanos, contribuye a generar confianza en las instituciones y certeza jurídica entre la población. Además, afirmó que su actualización permite mayor eficacia en la aplicación de sanciones y ayuda a prevenir actos de corrupción.
Por su parte, Nelyda Hernández Palomares, en representación de los municipios, enfatizó que mantener desactualizados estos documentos debilita la confianza ciudadana y abre espacios a la incertidumbre jurídica. “El Bando de Policía y Gobierno es mucho más que un documento jurídico, es la base que define las facultades de la autoridad y garantiza derechos”, expresó.
Agregó que este avance es resultado del trabajo conjunto y la voluntad institucional para adecuar las normas a la realidad actual de cada municipio.
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