Pachuca.- Alrededor de 30 proyectos de la Escuela es Nuestra fueron judicializados por irregularidades en los siete años que lleva el programa, así lo dio a conocer el delegado de Programas para el Bienestar en el Estado de Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno.
Este miércoles, la Secretaría del Bienestar hidalguense comenzó con la entrega de tarjetas del programa La Escuela Es Nuestra en la zona metropolitana de Pachuca. En total, este año destinaron alrededor de 900 millones de pesos para beneficio de 2 mil 800 planteles en territorio hidalguense.
Durante el evento, Mendoza Zenteno instó a los comités a seguir los planes de trabajo que la asamblea de padres de familia apoyó y aplicar los recursos económicos dentro de las instalaciones de las escuelas, y no fuera de ella, como ejemplo mencionó que no se puede hacer mejora en las redes de drenaje, agua o luminarias, pese a que esto impacte en la comunidad estudiantil.
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Cabe mencionar que las escuelas de educación básica recibirán 200 mil pesos si tienen menos de 50 alumnos, 250 mil pesos las que tienen de 51 a 150 estudiantes y 600 mil las de más de 151 alumnos. Mientras que las preparatorias recibirán 600 mil, las de menos 300 alumnos, un millón de pesos de 301 y mil adolescentes, así como 1.5 millones de pesos las que tienen más de un millar de estudiantes.
Suman alrededor de 30 casos judicializados
En entrevista con medios de comunicación, el delegado mencionó que la mayoría de obras de La Clínica es Nuestra y La Escuela es Nuestra del año pasado fueron finalizadas. “Hay algunas que pudieran tener alguna problemática menor”, respecto a la provisión de equipamiento o la finalización de las carpetas de forma correcta.
Mendoza Zenteno explicó que a veces estos temas terminan en una judicialización, “de que el comité demanda al proveedor o al dependiente”, pero aseguró que no es un número “representativo” comparado con el número de escuelas que se atienden.
Calculó que año con año son de dos a tres denuncias por irregularidades o alguna falta por parte de los proveedores; asimismo, el funcionario público consideró que suman alrededor de 30 judicializaciones en los siete años de este apoyo.
En su discurso, expuso que hay proveedores no óptimos de los servicios, pero aseveró que las autoridades “no pueden intervenir” en ese proceso, ya que serán los comités los responsables de contratar a la empresa que les convenga.
Además de estas problemáticas, la delegación también detectó que los temas más recurrentes son las confrontaciones de los comités por definir el plan de trabajo o por las compras o adquisiciones en determinados lugares, pero se informó que no han tenido conflicto o irregularidades en las auditorías.
sjl