Pachuca.— Personas que encubran delitos como feminicidios, homicidios, violaciones o delitos sexuales contra infancias, podrán ser señaladas de encubrimiento, así lo planteó la diputada local del PAN, Claudia Lilia Luna Islas.
La legisladora presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal concretamente en su artículo 25, con el objetivo de eliminar la posibilidad de que lazos afectivos o familiares amplios sirvan como escudo para ocultar a responsables de delitos de alto impacto.
La propuesta, conocida como “Ley Monse”, plantea modificar los artículos 25 y 331 del Código Penal para restringir las figuras de inexigibilidad de otra conducta y excusa absolutoria, que actualmente permiten que familiares o personas cercanas eviten sanciones al proteger a quienes cometen delitos graves.
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De acuerdo con la legisladora, en el actual Código Penal la excusa absolutoria por lazos familiares o afectivos es “excesivamente amplia” y permite que padres, madres, parejas o amigos oculten a feminicidas, homicidas y abusadores sexuales sin que exista una consecuencia, una situación que -afirmó- obstaculiza investigaciones y favorece la impunidad en casos de violencia extrema.
La iniciativa establece que la exclusión de responsabilidad penal sólo procede en casos excepcionales, cuando exista miedo o temor fundado e irresistible, y únicamente tratándose de familiares en línea directa o relaciones cercanas claramente delimitadas. Además, propone eliminar totalmente este beneficio cuando se trate de delitos como feminicidio, homicidio o agresiones sexuales contra menores.
El proyecto toma como referencia el caso de Montserrat Bendimes, ocurrido en Veracruz en 2021, donde familiares del presunto agresor habrían ayudado a evadir la justicia, hecho que detonó reformas similares en otras entidades del país.
En la exposición de motivos, la diputada argumentó que en Hidalgo persiste una laguna legal que ha permitido que personas cercanas a los agresores evadan responsabilidades penales. Señaló que esta situación no sólo dificulta la procuración de justicia, sino que también revictimiza a las familias afectadas y debilita la confianza en las instituciones.
Asimismo, la propuesta se alinea con compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención de Belém do Pará, que obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, eliminando obstáculos legales que favorezcan la impunidad.
De aprobarse, la reforma no implicaría la creación de nuevos delitos ni un aumento generalizado de penas, sino el establecimiento de límites más estrictos a las excepciones legales existentes en el delito de encubrimiento.
La iniciativa fue turnada para su análisis en comisiones, donde se discutirá su viabilidad jurídica y su impacto en el sistema de justicia penal del estado.
sjl