Pachuca.— En rueda de prensa, abogados litigantes en materia laboral denunciaron presuntos actos de corrupción, omisiones y prácticas sistemáticas que, aseguran, obstaculizan el acceso a la justicia en el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, particularmente en casos contra ayuntamientos, entre ellos el de Omitlán de Juárez.
De acuerdo con los denunciantes, el tribunal ordenó el embargo de cuentas bancarias del ayuntamiento de Omitlán como parte del cumplimiento del laudo; sin embargo, pese a que el banco habría emitido un cheque derivado de este embargo, el tribunal se negó a entregarlo a la trabajadora, posteriormente las cuentas fueron liberadas sin explicación jurídica clara.
“Esta situación se agrava tras declaraciones públicas del síndico procurador del municipio, quien habría señalado que la presidenta municipal intervino para solicitar la liberación de dichas cuentas a través de personal vinculado al tribunal o a la Secretaría del Trabajo”, para los abogados, esto sugiere una posible intervención indebida en el proceso judicial.
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Tania Ventura expuso que desde 2017 los procedimientos laborales han sufrido retrasos excesivos, falta de conocimiento técnico del personal y deficiencias en la atención de los casos; asimismo, algunos casos que atienden son con ayuntamientos de Huejutla, Huehuetla, San Felipe Orizatlán, Tepeapulco y Pachuca.
“Hoy en día, para que un expediente avance, es necesario promover amparos constantemente. Es una práctica que desgasta económicamente a los trabajadores y retrasa aún más la justicia”, e indicó que incluso trámites básicos pueden tardar meses sin resolución, obligando a recurrir al Poder Judicial para obtener respuesta.
El abogado Jorge Luis Henkel Butanda afirmó que el tribunal ha dejado de ser un ente imparcial, obligando a los litigantes a enfrentarse no sólo a la parte demandada, sino también a la propia autoridad; añadió que existen casos en los que los trabajadores enfrentan presión social, ya que autoridades municipales atribuyen la falta de obra pública al pago de laudos laborales.
En su intervención, el también abogado Antonio Pereira, denunció que algunos laudos recientes carecen de análisis jurídico adecuado, ya que “existen sentencias de apenas dos hojas que no estudian pruebas ni argumentos, lo que deriva en resoluciones desfavorables” que, dijo, posteriormente deben ser impugnadas mediante amparo.
Los abogados hicieron un llamado directo al gobernador del estado, a la Secretaría del Trabajo y a los órganos de control para que investiguen las irregularidades señaladas. “No es un problema individual, es una crisis institucional que impacta a toda la sociedad”.
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